Las altas temperaturas asfixian al campo. España se enfrenta a la tercera ola de calor del año, en lo que ya ha sido identificado por la Agencia Española de Meteorología, como el verano más caluroso desde 2015. Como si fuera poco, España está atravesando el año hidrológico más seco desde 1981. Según cifras del Ministerio de Transición Ecológica, los embalses se encuentran al 41,9% de capacidad. A su vez, el volumen de agua almacenada es un 31% inferior a la media de los últimos 10 años. Esto ha obligado a tomar medidas urgentes para racionar el agua y así evitar su escasez. En algunas localidades de Pontevedra, Barcelona, Málaga y Huelva, ya se han establecido restricciones para limitar su uso, ya sea para el riego agrícola, para usos ganaderos, industriales o recreativos. Pero esto no acaba allí.
Lamentablemente, esta situación se está replicando a lo largo de la Unión Europea. Italia ha declarado emergencia por sequía en cinco regiones y también ha limitado el suministro de agua. Algo similar ha ocurrido en Francia. Es que, tal como lo advierte el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, la situación a lo largo de la UE es crítica y casi la mitad del territorio está expuesto a sufrir un nivel de sequía considerado de riesgo. Lo que se traduce en un déficit importante de humedad del suelo que acarrea graves consecuencias y que ha obligado a las autoridades a desarrollar planes de contingencia.
Caída en la productividad de los cultivos
La preocupante situación de sequía, exacerbada por las altas temperaturas, está poniendo en riesgo el rendimiento de los cultivos. Según el informe, Francia, Rumania, Portugal, Italia y España, deberán hacer frente a una probable caída de la productividad de los cultivos, en especial, los cereales. Esto coincide con las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de una caída en la producción mundial de trigo debido a la sequía en Europa y también a la invasión rusa de Ucrania.
En lo que respecta a España, la situación es particularmente preocupante. En la costa de Granada, se ha producido una situación que no sucedía desde los años 90: la falta de lluvia ha salinizado los acuíferos. Por ende, no pueden ser utilizados para el riego. Como consecuencia, la producción ha bajado casi un 15% y casi 4.000 hectáreas de plantaciones están amenazadas. Según estimaciones reveladas por el secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), Pedro Parias, la situación crítica de los embalses de Andalucía podría provocar 500 millones de euros en pérdidas.
También en Andalucía, agricultores se han visto obligados a sacrificar parte de sus plantaciones de aguacates para salvar el resto. Este cultivo requiere más cantidad de agua y por ende, resiste menos al estrés hídrico. La vid tampoco corre una mejor suerte y la bajada en su producción alcanza el 30%.
La producción de aceite de oliva en peligro
Otro caso que genera especial preocupación es el de la aceituna. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido que "si no hay alivio de la temperatura o lluvias en las próximas semanas, la cosecha de aceitunas de este año podría ser notablemente más baja que las anteriores". Como la ha indicado, lo que preocupa especialmente a los productores es el impacto que esto tendrá en la producción española de aceite de oliva que representa el 70% de la producción de la UE y el 45% de la producción mundial.
Según estimaciones de Asaja, la producción de aceite de oliva alcanzará el millón de toneladas, una cifra menor a las 1,48 millones de toneladas prensadas en la cosecha 2021/22. Las previsiones de la organización agraria UPA Granada tampoco son alentadoras. Según sus cálculos, la producción de aceite será un 25% más baja que la temporada anterior. Ante este difícil panorama, se hace más evidente la necesidad de reforzar los instrumentos de apoyo puestos en marcha por el Gobierno para el impulso de los procesos de innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, que a su vez, forman parte de los objetivos de la nueva Política Agraria Común (PAC).
Ya en mayo, el ministro de Agricultura había anunciado la incorporación de una ayuda asociada para el olivar tradicional dentro del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la reforma de la PAC en España. En ese entonces, Planas aseguró que dicha ayuda era la mejor solución para el olivar debido a que está en línea con los nuevos reglamentos europeos. A su vez, Planas dejó en claro que junto a la Hoja de Ruta del Olivar y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el sector del aceite de oliva español contaría con los refuerzos necesarios para consolidar su liderazgo en el mundo.
Otra medida anunciada por Planas para continuar impulsando el liderazgo mundial del sector oleícola español es la promoción de estudios científicos que avalan los beneficios saludables del aceite de oliva virgen extra. Esto, específicamente de cara a la discusión europea sobre el etiquetado de productos alimenticios, durante la cual según explican desde el ministerio de
Agricultura, España defenderá la dieta mediterránea. Esto dando a entender que la cartera no apoya la elección del etiquetado francés NutriScore que perjudica la imagen de productos mediterráneos como el aceite de oliva al otorgarle una calificación C. Esto también podría ser un signo a favor del sistema alternativo, el Nutrinform Battery, propuesto por las autoridades italianas, precisamente en defensa de la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y reconocida como una de las dietas más saludables.
Queda claro que lo último que necesita el sector agroalimentario en este momento es la adopción de un etiquetado que penalice la imagen de los productos tradicionales Españoles. Lo que sí necesita el sector, son ayudas y medidas asociadas para mitigar el impacto de la sequía y la canícula que están asfixiando al campo español. En medio de esta inquietante situación, llegó la buena noticia de la aprobación del proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la PAC que entrará en vigor a comienzos de 2023. Sin duda, una noticia alentadora para los agricultores y ganaderos que dispondrán de ayudas hasta 2027 que alcanzarán los 47.724 millones de euros y que serán fundamentales para afrontar los desafíos ambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta el sector.
