Refugiados ucranianos acogidos por el Ayuntamiento de València y el de Alaquàs en un antiguo convento de esta última localidad. EFE-Manuel Bruque-ArchivoLa Oficina de Asilo y Refugio y la Policía Nacional han resuelto y concedido en un mes 51.957 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania, de las cuales 9.229 corresponden a la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía con mayor volumen de solicitudes por detrás de Madrid.
Según el Ministerio del Interior, desde la activación el pasado 10 de marzo del procedimiento de urgencia para responder a estas solicitudes y hasta este domingo se ha alcanzado en España dicha cifra de protecciones.
Todas ellas conllevan el permiso de residencia y para los mayores de edad el de trabajo, y además los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar sus permisos de conducir en España al menos durante un año.
Madrid (10.133), Valencia (9.229), Cataluña (9.023) y Andalucía (7.421) son las comunidades autónomas que han recibido más solicitudes. Las siguen Murcia (2.125), Castilla y León (2.034), Aragón (1.915), Baleares (1.615), Castilla-La Mancha (1.612), País Vasco (1.454), Galicia (1.450), Canarias (965), Asturias (815), Navarra (733), Cantabria (691), Extremadura (400) y La Rioja (330), y además nueve en Ceuta y tres en Melilla.
Los desplazados que llegan a España pueden solicitar la protección temporal en los centros de recepción y acogida habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Ciudad de la Luz de Alicante, en la Fira de Barcelona y en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga así como en las 70 comisarías de Policía Nacional habilitadas para estos trámites.
Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, firmaron el pasado 9 de marzo la orden que desarrolla el procedimiento de urgencia para el reconocimiento de la protección temporal. Este procedimiento da respuesta al acuerdo alcanzado el 4 de marzo por el Consejo de Ministros del Interior de la UE para activar, por primera vez en la historia, la directiva europea de protección temporal.
