Imagen de archivo del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España. -EFE -Kai Försterling
El déficit público de la Comunitat Valenciana se situó en mayo de 2022 en 1.346 millones de euros, el 1,10 % del PIB regional, lo que la sitúa como la autonomía con mayor necesidad de financiación tanto en volumen como en porcentaje.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas -con la excepción de las corporaciones locales- se situó en los cinco primeros meses del año en 19.629 millones de euros, una cifra equivalente al 1,5 % del PIB y un 52,3 % inferior a la del mismo periodo de 2021.
Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, esta fuerte corrección del déficit -que permite avanzar en el objetivo de cerrar 2022 en el 5 % del PIB- está relacionada con la buena marcha de los ingresos, que crecieron un 12,1 %, mientras que los gastos se redujeron en un 0,3 %.
Como es habitual, la mayor parte del déficit se concentró en la administración central -15.592 millones, un 56,1 % menos y un 1,19 % del PIB-, una reducción relacionada con el aumento de la recaudación, el efecto contable de los avales del ICO en 2021 y las menores transferencias a otras administraciones.
Los fondos de la Seguridad Social recortaron su déficit en un 70,5 % en los cinco primeros meses del año -hasta los 983 millones, un 0,08 % del PIB-, gracias a la reducción de los gastos debido al menor impacto de la pandemia.
En cambio, las comunidades autónomas aumentaron su déficit en un 32,7 %, hasta los 3.054 millones (un 0,23 % del PIB), ante el incremento de los gastos, en especial en consumos intermedios y remuneración de asalariados, que no pudo compensarse con el incremento del 2,2 % de los ingresos, impulsados por la recaudación, que creció un 11 %.
Siete comunidades autónomas cerraron mayo con superávit: Asturias (0,56 % de su PIB), La Rioja (0,42 %), País Vasco (0,37 %), Castilla y León (0,29 %), Aragón (0,13 %), Galicia (0,12 %) y Cantabria (0,09 %).
Hacienda también ha adelantado el dato de ejecución presupuestaria del Estado hasta junio, que arroja un déficit de 23.487 millones, un 1,8 % del PIB y un 41,3 % menos que en el primer semestre del pasado año.
La reducción del déficit estatal está relacionada con un fuerte crecimiento de los ingresos, del 20,4 %, hasta los 113.836 millones, a su vez motivado por un aumento de la recaudación tributaria del 20,2 %.
En la primera mitad del año el IVA ingresó 49.036 millones, un 22,8 % más -a pesar de la reducción del tipo de la electricidad-; el IRPF, 23.425 millones, un 28,2 % más; y el impuesto de sociedades, 9.895 millones, un 7,4 % más -un 21,9 % más si se descuenta el efecto contable de la fusión de dos entidades en 2021-.
También creció la recaudación del impuesto de hidrocarburos (un 13 %), el alcohol (53,6 %), el tabaco (7,8 %) o las primas de seguro (12,2 %), así como las rentas de la propiedad por mayores dividendos a cuenta de Selae y el Banco de España.
Por lo que respecta a los gastos, se situaron en 137.323 millones, un 2 % más, con un fuerte repunte del gasto en consumos intermedios, del 32,7 %; inversión, del 20,6 %; e intereses de la deuda, del 16 %.
Subió también el gasto en remuneración de asalariados, un 2,6 %, debido a la subida salarial; y las transferencias entre administraciones por los mayores recursos destinados a la Seguridad Social y al sistema de financiación autonómica.
