Delegados sindicales de CaixaBank concentrados en València por su ERE. EFE-Kai Försterling-Archivo
La Comunitat Valenciana fue la autonomía en la que más trabajadores se
vieron inmersos en expedientes de regulación de empleo (ERE) en los
siete primeros meses de este año, con un total de 14.870, lo que supone
un aumento del 354'5 % respecto al mismo periodo de 2018.
De esos
14.870 trabajadores afectados, 13.615 fueron por suspensiones de
contrato (un aumento del 671'4 % sobre el mismo periodo de 2018), 1.082
por despidos colectivos (un 8'7 % menos) y 173 por reducción de jornada
(un 46'3 % menos), según datos de la Estadística de Regulación de
Empleo del Ministerio de Trabajo consultados por EFE.
Por
provincias, en la de Valencia han sido 13.018 los trabajadores afectados
por regulaciones de empleo entre enero y julio de este año, en la de
Castellón 1.021, y en la de Alicante 831.
En España, el número de
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo ascendió
a 44.745 en los siete primeros meses del año, un 40 % más que en el
mismo periodo de 2018 y el mayor ritmo de crecimiento desde 2012, con un
importante alza de las suspensiones de contrato en el sector
industrial.
El alza hasta julio de este año es el mayor para este
periodo desde 2012, cuando la subida fue del 64 %, y la primera desde
ese año.
Al detalle de los distintos procedimientos que engloba
esta estadística (despidos colectivos, suspensión de contrato y
reducción de jornada) la mayoría de los trabajadores afectados, el 64,6
%, entró en las suspensiones de contrato que también registraron el
mayor alza: un 74 % hasta los 28.920 empleados.
Frente a esto,
14.500 empleados se vieron afectados por despidos colectivos, un 12,8 %
más, y a otros 1.325 les aplicaron reducciones de jornada, un 46,7 %
menos.
En cuanto al número de empresas que optaron por estas
medidas, cayeron ligeramente hasta julio, 1.304 frente a 1.312, y
también el número total de procedimientos, que pasaron de 1.965 a 1.678,
un 15 % menos.
Por sectores, el industrial encabezó la lista con
28.229 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo,
el 85,3 % más, de los que su mayor parte -22.088, el doble que un año
antes- fueron suspensiones de contrato y se dieron fundamentalmente en
empresas de fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques.
Las suspensiones de contrato son mecanismos que
se emplean mucho en las grandes empresas automovilísticas, explican
desde CCOO, que recuerda la coyuntura que atraviesa el sector con
reducción en ventas y exportaciones en un contexto de desaceleración
comercial y cambio en los modos de transporte.
Por comunidades
autónomas, las que más trabajadores vieron inmersos en expedientes de
regulación de empleo fueron la Comunitat Valenciana (14.870), Madrid
(6.283) y Cataluña (5.945).
En cifras anuales, 2018 ya se cerró
con un alza de los afectados por ERE, del 26,78 %, en la que fue la
primera subida anual desde 2012.
Por tipo de procedimientos,
detrás de este incremento también estuvieron las suspensiones de
contrato con un 75 % más de afectados que en 2017 frente al descenso del
4 % en los despidos colectivos.
De 2013 a 2017, esta estadística registró caídas en todos los supuestos.
También
llevan al alza desde 2017 las demandas por despido que mide el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), después de varios años de descensos.
Los
últimos datos publicados esta semana por este organismo volvieron a ser
al alza con 28.121 demandas por despido presentadas en los juzgados de
lo Social en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento
del 9,06 % respecto al mismo periodo de 2018.
Pero pese a estas
alzas, la cifras de empleados afectados por algún tipo de regulación de
empleo están muy lejos de los máximos alcanzados en los años más duros
de la crisis.
En 2009, 549.282 trabajadores se vieron afectados,
para mantenerse en el entorno de los 300.000 en 2010 y 2011. En 2012
volvió a repuntar hasta los 483.313 empleados.
Mirando las cifras
hasta julio, en estos años más complicados de las crisis el número de
trabajadores afectados llegó a alcanzar los 390.816, lo que supone
multiplicar por ocho las cifras de este año.
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