La consellera de Justicia echa las culpas al Gobierno central del gran atasco tras cerrar a cal y canto los tribunales valencianos

Dos meses sin justicia en la Comunitat Valenciana. Ahora la consellera del ramo echa las culpas al Gobierno central, tras estar cerrados a cal y canto los tribunales valencianos con muy pocas excepciones. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha recordado este martes su posición crítica respecto a las decisiones del Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial de mantener suspendidos los plazos judiciales y la celebración de juicios, ha reclamado "medidas organizativas" y ha advertido del "atasco importantísimo" en el sector.

En una rueda de prensa por videoconferencia, Bravo ha asegurado que las áreas de modernización judicial e infraestructuras dentro de su Conselleria han estado trabajando de "lunes a domingo" para "acomodar los espacios de 64 sedes judiciales de toda la Comunitat", un proceso en el que se han invertido cuatro millones de euros.

"Los funcionarios, jueces y fiscales que trabajan en la Comunitat Valenciana, a diferencia de los de otras regiones, han tenido medios de protección individual desde el 16 de marzo", ha explicado la consellera, quien ha detallado que se sigue trabajando en la instalación de mamparas y reforma de sistemas de ventilación.

"Además, se están elaborando planes de contingencia de cada sede judicial, con informes detallados sobre las medias que se han incorporado y planos donde se reflejan las actuaciones desarrolladas", ha agregado la consellera.

En este sentido, ha recordado: "En su momento ya remitimos al Ministerio de Justicia una serie de propuestas para la reactivación de la actividad. He sido muy crítica con la decisión de mantener los plazos suspendidos, al igual que los juicios, durante dos meses. No se puede entender que si desde el 15 de mayo ya se podía pasear, cómo un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva, siga limitado para los ciudadanos".

"En las reuniones con el ministro vengo solicitando desde hace un mes un plan de transición y el levantamiento de las suspensiones en algunas jurisdicciones como la Social, pero no ha sido así. Se están manteniendo unos servicios mínimos desde el pasado 14 de marzo hasta el 4 de junio que previsiblemente se levantarán, y eso ha generado un atasco importantísimo. En la Comunitat Valenciana se han suspendido unos 20.000 juicios".

Bravo ha insistido en que ha planteado nuevas medidas organizativas como la agilización de plazos o la potenciación de la mediación como alternativa a la resolución de conflictos, porque "no todo debe acabar en un juzgado".

Sobre la incorporación de hasta el 70 % de las plantillas de funcionarios, que se inicia este martes, Bravo ha asegurado que le ha dicho al ministro de Justicia que "no tiene sentido si no tienen cometidos, ya que la suspensión de plazos se levantará el próximo 4 de junio".

Además, ha insistido, "el espacio -de las sedes judiciales- es le que es, y no podemos pensar en incorporar a más funcionarios, sino que estamos obligados a poner en marcha turnos de mañana y tarde. En eso estamos trabajando con el TSJCV".

Preguntada por la redacción de la resolución -dictada este lunes- en la que se aprobaba "el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 en el territorio de la Comunitat Valenciana" y la referencia que incluía a la Comunidad de Madrid, la consellera ha apuntado a que probablemente se deba a un "error", ya que los criterios son comunes a todas las autonomías y "todas las resoluciones han de ser iguales".