Imagen de archivo de la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano Salomé Pradas. EFE-Biel Aliño -Archivo
La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, una de las dos personas investigadas en la causa de la dana, ha pedido a la jueza de Catarroja que pida a la Generalitat saber cuántas alertas rojas se han decretado en los últimos 10 años y en cuántos de esos casos se procedió a la convocatoria de un CECOPI tras las mismas.
En un escrito al juzgado 3 de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana, al que ha tenido acceso EFE, los abogados de Pradas hacen esta petición y aportan varios documentos para que sean incorporados a la causa.
Argumentan para esta petición que así se dispondrá de un elemento de contraste "muy relevante, para poder apreciar la excepcionalidad de la constitución del CECOPI el día 29 de octubre de 2024, especialmente ante las afirmaciones de tardanza sostenidas por algunas acusaciones y recogidas en determinados autos".
"Esta diligencia permitirá establecer un marco comparativo basado en hechos, que ayudará sin duda a determinar si la actuación del 29 de octubre de 2024 se ajustó a los protocolos habituales y a la práctica seguida ante situaciones de emergencia en las que se declaró la alerta roja", sostienen.
Añaden que de ese modo se podrá "valorar adecuadamente si la temporalidad de la convocatoria del CECOPI fue una anomalía o una pauta recurrente, lo cual es fundamental para la correcta valoración de las posibles responsabilidades en el procedimiento".
Por otro lado, entre los documentos que aportan al juzgado está la nota de prensa de la Conselleria de Emergencias e Interior, por la que se informa del inicio de la actualización del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana, en el que se va a incluir un nuevo procedimiento de actuación para la gestión del sistema de alerta a la población Es-Alert.
A su juicio, "es fundamental para contextualizar el marco normativo y operativo vigente en materia de emergencias en la Comunitat Valenciana en la fecha de los hechos que se instruyen en esta causa, concretamente el día 29 de octubre de 2024".
"Acredita de manera fehaciente que, en el momento de producirse los sucesos investigados, el sistema de aviso a la población Es-Alert aún no estaba formalmente incorporado al Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana", añade.
Ello, prosiguen es "crucial para valorar si la actuación de la Conselleria de Emergencias se ajustó a la normativa y protocolos aplicables en aquel momento, por lo que su incorporación a la causa es indispensable para determinar el cumplimiento de los deberes de diligencia exigibles a la consellera en el marco normativo vigente en la fecha de los hechos".
Asimismo, pide que se incorpore copia de los pliegos de la licitación del contrato del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), en los que se recogen los requisitos que deben cumplir las empresas licitadoras, entre ellos, el de contar con personal especializado. Recuerdan que la empresa a la que fue adjudicado el contrato de servicios fue MATINSA.
Sostienen que "la aportación de estos pliegos es imprescindible para verificar los requisitos técnicos y profesionales exigidos a la empresa para la correcta operación y mantenimiento del SAIH, especialmente en lo relativo a la necesidad de contar con personal especializado".
Agrega que "permiten evaluar la diligencia en la contratación y en la supervisión del servicio, así como determinar si hubo un cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales por parte de la empresa adjudicataria".
"Su análisis es fundamental para deslindar posibles responsabilidades y para comprender si eventuales deficiencias en el funcionamiento del sistema pudieron derivar de un incumplimiento de las condiciones establecidas en la licitación", concluye.
