La defensa de Salomé Pradas pide al CGPJ los audios y chats de víctimas incluidos en una querella archivada
La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa penal de la dana, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que requiera los audios y el contenido del chat de WhatsApp de familiares de víctimas que se incluían en una querella presentada contra la jueza y que el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha inadmitido a trámite.
Este lunes la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV inadmitió a trámite y archivó la querella interpuesta contra la jueza de Catarroja y su marido, también magistrado, por no haberse aportado un principio de prueba que permita sostener la comisión de los delitos que se enumeran en el escrito presentado por un abogado personado en la causa, Rubén Gisbert, y cuatro familiares de víctimas de la tragedia del 29 de octubre de 2024.
En su querella, Gisbert pedía "apartar inmediatamente a la jueza" y declarar la nulidad de la instrucción por considerar que ha cometido "faltas muy graves", por "la implicación de delitos" y por "falta de imparcialidad y obstrucción" al haber permitido la práctica de diligencias por terceras personas, en concreto, su cónyuge.
La defensa de Pradas ha tenido conocimiento de esa decisión del TSJCV y, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, pide que se incorpore el material inadmitido a la queja que presentó el 14 de mayo de 2025 contra la instrucción de la jueza por la forma en que se está llevando a cabo la instrucción de la causa, en la que considera que hay frases "categóricas" y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".
En su escrito, el abogado de la exconsellera señala que en la querella presentada por Rubén Gisbert se aportaron como principio de prueba una serie de grabaciones de audio y la identificación de varias personas que habrían presuntamente presenciado los hechos, así como el contenido de un chat de WhatsApp de familiares de víctimas.
Esos hechos, de probarse, pueden constituir faltas muy graves, según considera, al suponer "una indebida intromisión" de un magistrado en una causa conducida por otro y haberse producido "una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción", en favor de un magistrado, el esposo de la jueza instructora, carente de competencia sobre el procedimiento.
Por ello, reclama que se pida a Gisbert los audios señalados y se le tome declaración en el procedimiento abierto con motivo de la queja presentada ante el CGPJ, así como "a las personas que habrían prestado declaración ante el magistrado" esposo de la jueza y se aporte una copia del contenido del chat WhatsApp de familiares de víctimas, con el fin de determinar el alcance que puedan tener respecto al desarrollo de la instrucción en curso.
