El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ( dcha) ha asegurado este lunes a su llegada a los juzgados que el caso Alquería por el que será juzgado no es una causa compleja sino ceñida, en su opinión, a siete contratos que pueden o no ser irregulares.EFE- Manuel Bruque
Los letrados de las defensas del caso Alquería han presentado este lunes varias cuestiones previas al inicio del juicio, entre ellas una relacionada con la supuesta indefensión de la que han sido víctimas al no poder preguntar a los denunciantes del caso que afecta a la Diputación de Valencia.
Por este motivo, esas defensas han pedido que la causa vuelva a la fase de instrucción para subsanar esta cuestión.
Según ha lamentado la letrada del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, Ángela Coquillat, las defensas no han podido interrogar en la fase de investigación de la causa a los empleados de Divalterra (responsables del área económica y jurídica de la anterior Imelsa) que denunciaron los hechos en la Fiscalía, ya que únicamente comparecieron ante el juez y el fiscal cuando estaba en vigor el secreto del sumario.
En el primer turno de palabra, las acusaciones populares que ejercen -por separado- el PP y la Asociación Cívica contra la Corrupción han retirado la acusación contra Pau Pérez Lledó, exconcejal de Compromís en Oliva y exresponsable del área de Turismo en Divalterra, por lo que, dado que el fiscal tampoco le acusaba, la presidenta del tribunal le ha informado de que se le iba a absolver y ha podido abandonar la sala.
De este modo, el banquillo de los acusados ha quedado reducido a catorce personas.
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha retirado la petición de comparecencia de un policía nacional por considerarla innecesaria y ha impugnado un escrito de la defensa de Jorge Cuerda por considerar que no tiene carácter pericial, al estar elaborado por una asociación profesional de la que forma parte el acusado.
La abogada de Jorge Rodríguez, la penalista Ángela Coquillat, ha pedido que el alcalde de Ontinyent pueda sentarse a su lado durante el juicio y que declare en último lugar para poder ejercer mejor su derecho de defensa.
También ha pedido que el juicio vuelva a la fase de instrucción porque, según ha asegurado, se ha "vulnerado el derecho a la presunción de inocencia e igualdad de armas", al haberse tomado declaración a varios testigos -cuando estaba en vigor el secreto de sumario- cuyo testimonio no fue sometido a contradicción y cuya presencia en la causa fue rechazada posteriormente al solicitarlo de nuevo las defensas.
Entre estos testigos se encuentran los denunciantes originales del caso Alquería y empleados de la antigua Imelsa, José Luis Castellote y José Luis Pellicer, según ha detallado Coquillat.
También ha apuntado una posible vulneración de los derechos a la libertad e intimidad, al no haberse fundamentado correctamente y haberse excedido -según su criterio- el tiempo de detención de Rodríguez.
En este punto, ha abierto la posibilidad de iniciar acciones penales contra los responsables de dichas detenciones.
Por otra parte, ha pedido la nulidad de la prueba obtenida a partir del análisis de los dispositivos electrónicos y la descarga de correos electrónicos, ya que a su juicio no fueron registros selectivos, sino que se hicieron descargas de los contenidos totales.
"De 10.000 correos la UDEF ha cogido siete, y desconocemos cuál ha sido el proceso de selección, puesto que se han seleccionado de entre todo el correo personal de Jorge Rodríguez. Asimismo, desconocemos si había otros correos que le exoneraban y se han descartado. Por eso interesamos la nulidad del auto en el que se ordena la incautación de esos correos, que no obre esa documentación y que se destruya el material intervenido", ha agregado.
