Amigó y Altur se reúnen con abogados del servicio de extranjería. EPDALa asistencia jurídica a las personas migrantes de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) está legalmente prevista, pero no existe asignación presupuestaria alguna. Por ello, la Diputació de València estudia crear un convenio con los letrados y letradas del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) con la intención de regular este servicio, que hasta la fecha desempeñan de manera voluntaria.
"Consideramos que hace falta poner en valor el trabajo de los abogados y abogadas en los Centros de Internamiento, porque es una labor y un derecho fundamental", ha manifestado la vicepresidenta de la Corporación provincial, María Josep Amigó. Tras el encuentro, Amigó ha recordado el convenio del área de Cooperación Municipal con el Colegio de Abogados en materia de mediación familiar y, en sus palabras, "tenemos voluntad de ampliar esta colaboración para que los profesionales que asisten a los migrantes internos reciban una remuneración por su trabajo".
Tras una primera reunión con el decano Rafael Bonmatí el pasado mes de octubre, la vicepresidenta y el diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, han discutido esta mañana los detalles de este servicio junto con las abogadas del Servicio de Extranjería, Ángeles Blanco, Carmen Cabrera y Rebeca Lino.
Por su parte, las representantes del ICAV han trasladado la necesidad de garantizar el asesoramiento legal a las personas internas en el CIE, de forma gratuita, para informarles de sus derechos y situación jurídica, además de detectar la existencia de menores de edad indebidamente considerados mayores y posibles víctimas de trata de seres humanos, entre otros.
"Somos un nexo de unión entre las personas migrantes con la administración a nivel judicial, además de resolverles cualquier duda que tengan durante el tiempo que estén privados de libertad", ha explicado Blanco. En palabras de la abogada, "estamos intentando que se reconozca este servicio por parte de las instituciones públicas, el cual no tiene dotación presupuestaria y llevamos dos años realizando de forma gratuita porque entendemos que es necesario".
Esta cobertura, realizada por unos treinta profesionales, facilita la detección de personas en situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo la necesidad de protección internacional o de asistencia médica concreta. Así, la vicepresidenta ha anticipado la intención de cerrar el convenio y que en el presupuesto de 2018 "se haga realidad esta colaboración, que entendemos que se trata de una primera necesidad".
