Vista general de la Ciudad de la Justicia de València. EFE-Ana Escobar-ArchivoLa exdirectora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (Ivacor) y una jefa de departamento de esta misma institución se enfrentan a una petición de condena de 14 años por restaurar con los medios de este centro diez libros antiguos por encargo de un particular y facturar este servicio a través de una empresa particular de su propiedad.
Según el escrito de acusación del fiscal en la causa que comenzará a juzgarse la próxima semana en la Audiencia Provincial de Valencia, los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2012, cuando el propietario de los ejemplares les fue entregando por lotes los libros, manuscritos antiguos procedentes de la colección particular del propietario y de un valor considerable para su restauración.
Al parecer, las acusadas eludieron el procedimiento administrativo y contractual para los contratos menores con la intención de favorecer al cliente, de modo que los libros fueron restaurados en el Ivacor con herramientas y medios del mismo.
La FiscalÃa calcula que el perjuicio económico ocasionado al Instituto público por estos hechos fue de 12.630 euros y pedirá 14 años de cárcel para cada una de las procesadas en el juicio programado para el martes en la Sección Segunda.
Además de esta vista, la próxima semana se celebran en las diferentes secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia otros cuatro juicios por agresiones sexuales.
En uno de ellos -el miércoles en la Sección Tercera- se juzga a dos jóvenes que se enfrentan a una petición de condena de 22 años para cada uno por incitar a dos amigos menores de edad a abusar sexualmente de una joven de 15 años cuando esta estaba casi inconsciente tras haber consumido alcohol.
El martes en la Sección Cuarta se juzga a dos hombres acusados de entrar a robar en un restaurante y espacio de eventos de la playa de Pinedo (València) en al menos cuatro ocasiones en los meses de junio y agosto de 2021.
Según el fiscal, robaron botellas de alcohol, aparatos eléctricos y dinero en efectivo, entre otras cosas, hechos por los que se enfrentan a condenas de hasta siete años de prisión.
