Vista general del pleno de Les Corts Valencianes. EFE-Ana EscobarLa Generalitat Valenciana ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar "por debilidad política y no por responsabilidad institucional" ante el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la aprobación este martes de un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Según fuentes del Consell, lo que el Ejecutivo central presenta como una solución es, en realidad, "la corrección de una injusticia mantenida de forma deliberada durante meses", en los que el Ministerio de Hacienda habría estado reteniendo recursos que legal y legítimamente pertenecen a las autonomías. "En el caso de la Comunitat Valenciana, desde el 1 de enero el Gobierno se ha quedado con 165 millones de euros al mes que corresponden a los valencianos", afirman.
Desde la Generalitat se señala que Hacienda ha ido encadenando pretextos para evitar transferir los fondos: primero, la ausencia de Presupuestos Generales; luego, el rechazo del denominado "decreto ómnibus", que contenía más de 80 materias no relacionadas. "Cada vez, una excusa distinta para no pagar lo que nos corresponde", denuncian.
Para el Gobierno valenciano, la medida anunciada por Montero llega únicamente por la presión de los socios parlamentarios del Ejecutivo central, acorralado por escándalos de corrupción y con una mayoría cada vez más frágil en el Congreso. "Esta no es una rectificación fruto del sentido de Estado, es una concesión táctica frente al aislamiento político", aseguran.
La Generalitat advierte que ya no hay justificación alguna para no aprobar también el fondo extraordinario de liquidez autonómica (extra FLA). "La ministra Montero ni siquiera ha hecho mención al extra FLA, lo que alimenta el temor de que el Gobierno pretenda mantener la asfixia financiera de esta autonomía como castigo político", han declarado.
Desde el Consell recuerdan que se han cumplido todos los requisitos que el Ministerio venía exigiendo: el déficit autonómico es conocido desde abril, el informe de la IGAE sobre estabilidad presupuestaria ya ha sido publicado, y ahora se aprueban las entregas a cuenta. "Solo falta voluntad política", insisten.
En este sentido, advierten de que si no se transfiere urgentemente el extra FLA, la Generalitat no podrá atender pagos esenciales como los de farmacia. "Estamos en riesgo de colapso de servicios básicos".
La situación de tesorería al 30 de abril muestra una deuda comercial de 1.767 millones de euros. De ellos, 1.280 millones corresponden a facturas pendientes de reconocimiento formal (cuenta 413), y otros 487 millones son facturas ya contabilizadas pero impagadas por falta de liquidez. El 83 % de esta deuda afecta directamente a la sanidad pública.
Los sectores más afectados por esta situación son la farmacia hospitalaria y por receta, proveedores de material sanitario, servicios esenciales (limpieza, seguridad, mantenimiento, transporte), residencias concertadas, y centros de formación.
"La estrategia de asfixia financiera del Gobierno central está castigando directamente al tejido económico valenciano. Las consecuencias las está pagando la ciudadanía", afirma el Consell.
El Gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón, ha liderado la exigencia del extra FLA como mecanismo imprescindible mientras no se compense la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. El Ejecutivo autonómico logró incluir el asunto en la última Conferencia de Presidentes con el apoyo de todas las autonomías gobernadas por el PP, pero sin obtener respuesta de Moncloa.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), así como expertos y académicos, han respaldado también la demanda. "Pedimos al PSPV que deje de mirar hacia otro lado y se una a esta reclamación. Nos resulta incomprensible el silencio de Diana Morant, que vuelve a anteponer los intereses de Sánchez a los derechos de los valencianos", concluyen desde la Generalitat.
