El Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Orihuela han alcanzado un acuerdo que permitirá regularizar, después de once años, la situación de bloqueo existente en torno los edificios que albergan los juzgados del municipio alicantino para que estos funcionen con normalidad, tal y como ha subrayado el President de la Generalitat, Ximo Puig.
Así, ambas administraciones han firmado un convenio por el cual han establecido que el Consell cederá al consistorio el edificio que alberga los antiguos juzgados de Orihuela, ubicado en la calle Santa Justa. Dicho acuerdo contempla también que los nuevos juzgados, situados en el Palacio de Justicia de la Plaza Santa Lucía, serán utilizados por la Conselleria de Justicia con una relación de compensación económica por su uso durante los próximos diez años, plazo en el que la Generalitat podrá ejercitar su derecho de opción de compra.
Así lo han anunciado el President de la Generalitat, Ximo Puig, -que ha estado acompañado por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo- y el alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, Emilio Bascuñana, tras mantener una reunión de trabajo en la que también han participado los portavoces de los partidos políticos que cuentan con representación en consistorio oriolano.
En concreto, el acuerdo alcanzado entre las dos instituciones recoge que, en un plazo inicial de cinco años, el Ejecutivo valenciano abonará al Ayuntamiento de Orihuela un alquiler de 75.000 euros anuales por la utilización de los nuevos juzgados. A partir del sexto año, se contempla que dicho importe se incremente hasta 125.000 euros anuales si la Generalitat no ejerce su derecho a compra, en cuyo caso el precio del inmueble se fijaría, en primera instancia, mediante acuerdo de ambas entidades.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el President ha resaltado que resolver la situación "anómala" que se estaba produciendo en Orihuela era un compromiso del Gobierno valenciano y, en ese sentido, ha valorado el esfuerzo realizado tanto desde la Administración local como desde la Conselleria de Justicia para superarla "desde el entendimiento, la buena voluntad y lejos de cualquier sectarismo".
De igual modo, Puig ha incidido en la importancia del diálogo para gestionar de manera eficiente, y ha abogado por "buscar los puntos de encuentro más allá de cualquier diferencia" porque, "las instituciones son del pueblo, del conjunto de los valencianos, y en este caso de Orihuela".
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reiterado su agradecimiento a los técnicos de la Generalitat "por el trabajo que han realizado para encontrar una vía de consenso que beneficie a los ciudadanos de Orihuela".
Por otro lado, el convenio firmado entre la Generalitat y el consistorio oriolano ha permitido también resolver la situación de bloqueo que sufrían, hasta el momento, otras instalaciones de carácter patrimonial en el municipio, como la casa en la que vivió Miguel Hernández durante su juventud, que pasará a ser titularidad municipal y, de ese modo, podrá abrir sus puertas al público. Con ello, Orihuela estará "más ligada que nunca al poeta", en un momento en el que se cumplen 75 años de su muerte, tal y como ha recordado Ximo Puig.
Otra de las cuestiones que soluciona el acuerdo es la cesión de uso del Ahogadero Secante del Gusano de la Seda, en San Antón, que a partir de ahora acogerá actividades relacionadas con los talleres de empleo y otros servicios públicos y, finalmente, se hará lo propio con el Museo de la Muralla, ubicado en una parcela compartida con el Campus de Las Salesas de la UMH.
