Dos personas pasean junto al barranco del Poyo a su paso por Picanya. EFE-Manuel Bruque
La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha incorporado al sumario las conversaciones de dos vÃctimas mortales con el personal de los servicios de teleasistencia de la Generalitat y de la Diputación de Valencia, en las que se confirma que solicitaron ayuda y que se hicieron gestiones para su rescate, aunque sin éxito.
Este miércoles se ha notificado a las partes personadas en la causa la transcripción de las conversaciones (sin indicación sobre la hora a la que se produjeron) de dos de estas vÃctimas mortales, en las localidades valencianas de Utiel y Picanya.
En la primera de estas transcripciones, una mujer llama al servicio de teleasistencia de la Generalitat para advertir sobre su madre -usuaria del servicio-, dado que la zona se encontraba inundada.
"Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba. Entonces miren a ver si me lo pueden solucionar por favor", reclama la hija.
"A ver. Yo intentaré comunicar con el domicilio. No tiene luz tampoco, no podemos contactar", responde el interlocutor del servicio de teleasistencia, que se compromete a "averiguar algo".
Tras al menos seis intentos de contactar con el 112, el técnico de teleasistencia finalmente lo logra: "Tenemos una usuaria en Utiel que se le ha inundado la casa, tiene 90 años, y no pueden… no les dejan acceder a los hijos ni pueden contactar con ella. Necesitamos saber si la policÃa o los bomberos la han sacado del domicilio".
Tras dar indicaciones sobre el domicilio de la vÃctima, el técnico explica al personal del 112 que el servicio de teleasistencia no funciona porque no hay electricidad y que le resulta imposible hablar con la vÃctima.
Posteriormente, devuelve la llamada a la hija para informarle de que han avisado al personal de emergencias y llama a la PolicÃa Local de Utiel, desde donde se le pide que "vaya al grano porque hay muchas llamadas", se le indica "no estamos haciendo rescates" y que se están derivando las llamadas "al punto de coordinación".
En posteriores llamadas, la hija de la vÃctima empieza a admitir que "se teme lo peor" y confiesa que existe una gran incertidumbre porque le dicen que no encuentran a su madre.
El personal de teleasistencia llamó a la hija hasta en cinco ocasiones más para saber si tenÃa noticias de su madre.
El caso de Picanya
El segundo de los casos conocidos este miércoles es el de una usuaria del servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia que residÃa en Picanya.
En una de esas conversaciones la mujer advierte que le está entrando agua en casa y que está "muy asustada", y recibe la recomendación de que se suba a un sofá o a la cama.
El personal de teleasistencia que recibió esa llamada se puso en contacto con la PolicÃa Local de Picanya, aunque parece que sin éxito porque no se refleja conversación alguna.
A continuación, llamaron a una amiga de la vÃctima para saber si alguien se podÃa hacer cargo de ella, pero esta persona, otra mujer, se encontraba aislada en un segundo piso.
"¿Ella no tiene ningún vecino en el piso de arriba, que la pueda ayudar, o son solo casas bajas?- Son solo casas bajas, y la casa de los jubilados es una planta baja, no tienen donde meterse".
Tras este intento, el personal de teleasistencia contacta por última vez con la mujer:
"Está todo saturado, ¿tiene algún vecino?
- (…) Entra con mucha fuerza
- Súbase, súbase a lo más alto posible, no en el sofá, en una mesa.
- Estoy subida en el sofá, pero está entrando
- Intente ir del sofá a la mesa y suba a la mesa. Sigo pidiendo ayuda, ¿vale?
- Vale, por favor, rápido
- SÃ, cariño, no se preocupe, sigo pidiendo ayuda
Tras esta última llamada constan una decena de intentos de contactar con el 112 desde el servicio provincial de teleasistencia, algo que no fue posible.
La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación de una acusación particular que solicitaba elevar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la causa penal por la gestión de la dana del 29-O para investigar al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por no solicitar al Gobierno central la declaración de emergencia nacional.
Los seis magistrados que integran la Sección Segunda de esta Audiencia confirman asà la decisión adoptada el pasado mes de mayo por la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye las diligencias, y refrendado después, en junio, por ella misma, al resolver un recurso de reforma, según ha informado el TSJ en una nota de prensa.
La instructora denegó entonces tanto la remisión de una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ contra el president de la Generalitat -actualmente en funciones- dada su condición de aforado, como imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Tras examinar las alegaciones de la parte recurrente, la Audiencia dictamina ahora que la decisión de la jueza instructora es "razonable", y resuelve, por tanto, que la petición relativa a Carlos Mazón ha de ser "directamente desestimada".
Según el auto de apelación, al que ha tenido acceso EFE, los recurrentes no argumentan "adecuadamente" que se cumplan los requisitos señalados por el auto del TSJ, que rechazó en diciembre del pasado año abrir una causa a partir de las querellas y denuncias contra el jefe del Consell por su actuación en la gestión de la dana.
Para los magistrados, el recurso de apelación en este punto no incluye "una justificación adecuada" de la concurrencia de los presupuestos del art 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Además, en este mismo auto, la Sección Segunda rechazar de nuevo la petición de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sea imputada, ya que la apelación no contiene "nuevas alegaciones" que justifiquen la adopción de una decisión distinta de lo ya resuelto sobre el mismo asunto por el mismo tribunal en resoluciones anteriores.
El tribunal ha emitido un segundo auto, que ha sido notificado también este miércoles, en el que desestima el recurso de apelación de otra acusación particular, que en este caso reclamaba que la jueza de Catarroja citara a varios testigos, entre ellos al que fuera secretario de Estado de Seguridad y al secretario de Estrado de Transportes y Movilidad Sostenible.
