El Juzgado lo Penal número 7 de Valencia ha condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a Felipe Espinosa, exdirector de la empresa pública Vaersa, por autorizar el pago del complemento de productividad de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores entre los años 2007 y 2011 sin el visto bueno del Consell.
Se trata de una sentencia de conformidad fruto de un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía. El juicio, que se celebró el lunes, cierra una de las piezas separadas del "Caso Vaersa" que investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El acusado admitió los hechos y se declaró culpable.
La sentencia de Penal 7 considera probado que, en 2007, el ahora condenado actuó "al margen de la legalidad y sabedor de las disposiciones vigentes en la materia. Pese al apercibimiento recibido y sin contar con la autorización del Consell, el acusado, en el ejercicio de sus funciones como director general autorizó repartir con cargo a los fondos públicos la cantidad de 367.475,75 euros". Esa práctica irregular se repitió año tras años. "Durante el ejecicio 2008, la dinámica de los hechos fue en esencia la misma", señala la resolución judicial, según la cual Espinosa repartió casi 416.000 euros.
En 2009, "de forma contumaz y persistente", el entonces director de Vaersa "volvió a repartir graciosamente, en perjuicio de los fondos públicos que manejaba", cerca de 478.000 euros de los que más de 15.000 "fueron a su patrimonio".
Según la sentencia, Espinosa "siguió instalado en la más absoluta ilegalidad" en 2010, año en el que "inmune" a "la situación económica desastrosa que provocó la reducción de salario a empleados públicos," volvió a repartir "nada menos" que 501.707 euros, de los que incorporó a su patrimonio más de 14.000.
Año tras años, señala la resolución judicial que ha cobrado firmeza tras la confesión por parte del acusado y su renuncia a recurrir, "se obviaron de forma consciente el resto de trámites administrativos necesarios".
Como consecuencia de estas prácticas ilegales, el que fuera director de Vaersa repartió casi 1,8 millones de euros en sobresueldos en concepto de productividad entre los trabajadores. Él percibió más de 25.000 euros de esos fondos. Sólo devolvió 5.000 cuando su sucesor al frente de la empresa, Enrique Simó,que también fue procesado por estos hechos, le reclamó el reintegro.
En la causa también había sido procesado por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos Enrique Simó, que sucedió a Espinosa en la dirección de la empresa pública.
La Fiscalía, sin embargo, rehusó acusar a Simó, motivo por el que la magistrada de Instrucción 15 tuvo que acordar recientemente el sobreseimiento.
Con anterioridad, la jueza sobreseyó la causa respecto de la exconsejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, que fue imputada después de que uno de los exdirectores afirmara que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.
Este mismo lunes, Espinosa fue juzgado en Penal 11 y condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa tras haber reconocido que, siendo director de Vaersa autorizó la compra de 67 vehículos todoterreno al margen de la Ley de Contratos de la Administración Pública.
Lo hizo, según recoge la sentencia, a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad tanto en la forma en que se hizo la contratación (sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y sin someterlo a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y confidencialidad) como en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad.
Ésta también fue una sentencia de conformidad como consecuencia del acuerdo entre la defensa del acusado, la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat.
En esta pieza también estuvo investigado (imputado) Simó, pero la instructora no llegó a procesarle al no hallar indicios de su participación en los hechos.
En el "Caso Vaersa", Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, imputados en distintas piezas separadas por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato. Las dos primeras piezas se han sustanciado con condenas para Espinosa Bolaños. La causa, en ambas piezas, ha concluido en sobreseimiento para Enrique Simó, que continúa investigado en la pieza principal.
