Vista general de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE-Patricia Salvador-Archivo
La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia ha asegurado en un nuevo auto que "la falta de avisos" durante aquel 29 de octubre "era generalizada, no sólo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
En un nuevo auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la instructora de Catarroja formula esa afirmación al desestimar un recurso interpuesto por una acusación particular contra una resolución anterior en la que se denegaba recibir declaración como testigos, entre otros, de los miembros de la tripulación de un helicóptero de Salvamento MarÃtimo, del director y otro responsable de la entidad pública Sasemar.
La petición de esa diligencia se referÃa a las testificales de los miembros de las distintas tripulaciones del helicóptero Helimer 203 destinados a las labores de Salvamento MarÃtimo, que prestaron servicio desde las 00:00 horas del 29 de octubre hasta las 00:00 horas del dÃa 31.
También se reclamaba que testificaran, entre otros, los responsables del Centro de Coordinación de Salvamento MarÃtimo en la Comunitat Valenciana y de la torre de control del aeropuerto de Manises.
En su auto, la jueza reitera que las pruebas solicitadas, que "pretenderÃan saber por qué se tardó tanto en movilizar a dicho equipo de emergencias" durante las inundaciones, "exceden, de manera manifiesta, del objeto de la investigación".
Por ello no se puede "entrar a valorar cada una de las posibles operaciones de salvamento que hubieran podido llevarse a cabo, tanto de manera terrestre como aérea, máxime si se atiende a que la falta de avisos era generalizada, no sólo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", señala la instructora.
Un técnico de Protección Civil ha testificado este jueves ante la jueza de Catarroja, que instruye la causa penal por la dana, que cuando se recibió el correo del sistema SAIH alertando del caudal del barranco del Poyo ya no habÃa margen de maniobra y que cualquier actuación de Protección Civil era imposible en ese momento.
Según han explicado fuentes conocedoras de su declaración, el técnico -que a su salida ha rechazado hacer declaraciones a los medios- ha indicado que la alerta a través del sistema ES-Alert se envió tarde (llegó a los móviles a las 20:11 horas) y ha opinado que, aunque se hubiera enviado media hora antes, no se sabe si habrÃa servido para algo, debido a que la situación ya era catastrófica.
También ha declarado que el sistema SAIH emite correos que no son interpretables por Protección Civil, y ha señalado que debÃa ser la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la encargada de comunicar esa información al Cecopi, órgano de coordinación de emergencias.
Durante su comparecencia, el técnico ha asegurado que la alerta sobre los barrancos del Magro y el Poyo no se desactivó en ningún momento y que no consta en el sistema Corcom la desmovilización del dispositivo de bomberos, por lo que será quien estaba al frente del Consorcio Provincial en ese momento, José Miguel Basset, quien tendrá que responder por esta acción.
También ha afirmado que no formaba parte del grupo permanente, que recibÃa comunicaciones por SMS, del que sà formaban parte altos cargos como el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y la entonces consellera de Justicia e Interior y el ex secretario autonómico de Emergencias, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, imputados en esta causa.
El testigo ha indicado que contactó directamente con el Consorcio Provincial de Bomberos y que, al no recibir indicaciones de desmovilización, entendieron que seguÃan vigilando el caudal.
Según ha detallado la acusación popular ejercida por Mamen Peris (Ciudadanos), el técnico ha apuntado que el jueves 24 octubre ya se abrieron tres alertas meteorológicas en el sistema Corcom, una por cada provincia, y que el lunes 28 se mantuvo una reunión con la unidad de análisis para valorar medidas ante el episodio de lluvias.
