El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (c), y el diputado Avelino Mascarell (d). EFE-Ana EscobarLa titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha citado a declarar al diputado del área de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, responsable del Consorcio provincial de bomberos, solicitada por Compromís.
Así lo ha acordado en una providencia emitida este lunes, en la que pide a la Diputación Provincial de Valencia que remita al juzgado, en el plazo de 5 días y en formato vídeo, el acta de la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la emergencia el 29 de octubre de la corporación, de fecha 25 de febrero de 2025, así como la citación de otros dos testigos, Manuel A.H. y Antonio M.P.
La citación de Avelino Mascarell se produce después de que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cambiara su versión durante su declaración como testigo el pasado jueves ante la jueza, en la que aseguró que "hasta las siete de la tarde no se habla de (la posible rotura de la presa de) Forata" y que esa información la recibió de noche y se la facilitó el diputado.
La jueza ha dictado hoy otros cuatro autos en los que desestima otros tantos recursos de reforma presentados por varias partes personadas en la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En dos de ellos, mantiene el rechazo a la declaración como investigado del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez -que pedía la formación política Valores-, así como a la citación como testigo del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.
En el auto en el que rechaza la testifical de Pérez Ruiz, la jueza reitera que esta petición "no es sino la atribución de la responsabilidad en los hechos a la CHJ y al Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría de Seguridad Nacional" y "se aparta, en consecuencia, radicalmente de lo que es objeto de la investigación".
"Solo podría entenderse dicha testifical si se estimara que el testigo disponía de una información de la que se carecía en el CECOPI, una suerte de información clasificada manejada por el Gobierno de la nación", añade, y precisa que "las pruebas han de estar vinculadas con la finalidad legal con la que comparecen en el proceso y anudadas al ejercicio de la acción penal frente a quienes son parte en el procedimiento".
Concluye que "si se afirma la responsabilidad penal de otras personas que no son parte de las presentes diligencias, debe formalizarse a través de la oportuna denuncia o querella" y no "a través de alegaciones incluidas en las solicitudes de prueba".
Los otros dos autos rechazan los recursos de reforma presentados por la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, contra el auto de la jueza, del pasado 18 de junio, que desestimaba su solicitud de la copia íntegra el acceso a elementos que no poseerían relación con la investigación, comunicaciones de cualquier naturaleza y medio de manera indiscriminada.
La jueza recuerda que la obtención de dicha copia íntegra ya fue solicitada por una acusación popular ACPV, fue igualmente denegada y se acordó recientemente la conservación de la copia íntegra de las comunicaciones que obren en el sistema desde la alerta hidrológica declarada el 24 de octubre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2024 a las 12 horas, incluyendo comunicaciones escritas y registros de audio y vídeo, emitidas o recibidas desde el Centro de Emergencias, CECOPI, puesto de mando avanzado, vehículo SATCOM112, vehículos ligeros, etcétera.
Ello permitiría a la representación de la investigada, así como al resto de las partes, añade, "el acceso a cualesquiera elementos relevantes que puedan haberse producido y conservado y el ulterior análisis de la procedencia de su obtención".
Por último, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Pradas contra el auto del 23 de junio, en el que la jueza rechazaba la agrupación de las acusaciones populares y particulares.
