La delegada del Gobierno en la Comunitat Valencia, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación. EFE-Biel Aliño-Archivo
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Gobierno valenciano es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias", según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
"Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central", añade la instructora, entre otras consideraciones.
La jueza insiste en el auto que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que la protección civil "es competencia autonómica" y que "la patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del día 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico". Añade que los recursos y medidas legales que debieron haberse adoptado a posteriori del 29 de octubre "carecerían de conexión alguna con la presente instrucción".
Por otro lado, la jueza considera "evidente", tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, que la Administración autonómica "concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima", ya que en el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos.
Agrega que los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, "no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población".
"Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación," y se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi, señala el auto.
Un lugar, añade, "en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración Autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos".
Según la jueza, en la de reuniones del Centre de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) parecía que los presentes "permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala".
"Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: 'los barrancos están a punto de colapsar', escribió en un mensaje el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas, mientras la alarma Es-Alert a la población se lanzaba a las 20:11 horas".
En cualquier caso, concluye, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, "no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica" que fue "absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población".
Deniega las grabaciones de los vehículos en el Cecopi
La jueza ha dictado también hoy otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre, el día de la DANA. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.
El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la DANA y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.
Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la Dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.
En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.
