Imagen de archivo de la consellera de Justicia, Nuria MartÃnez, en los Desayunos de EFE. EFE-Manuel Bruque -Archivo
La Ley de Eficiencia de la Justicia supondrá un ahorro de 38,5 millones de euros en la Comunitat Valenciana y para la implantación del nuevo modelo, el Ministerio ha realizado una inversión de 42 millones en esta región.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.
La Ley de Eficiencia supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas y su objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanÃa, ha destacado el Gobierno.
En la Comunitat Valenciana, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 34,6 %, mientras que la media de las siete comunidades de las que se disponen datos (AndalucÃa, Canarias, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia) es del 36 %, según datos del Gobierno.
La evaluación del Ministerio también constata una agilización en la ejecución de sentencias. En la Comunitat Valenciana, la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión es del 27 %.
Tal y como preveÃa la ley, más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año sin incidencias, 26 de ellos en la Comunitat Valenciana.
Por su parte, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria MartÃnez, ha destacado el esfuerzo de la Generalitat para cumplir con los plazos de implantación de los Tribunales de Instancia y ha trasladado al ministro de Justicia su malestar por la falta de coordinación y recursos del Gobierno de España en el proceso de implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
"El Ministerio de Justicia estaba obligado a garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantÃas y deberÃa haber coordinado su implementación, algo que no ha hecho y que ha derivado en un sobreesfuerzo por parte de las autonomÃas que han cumplido con los plazos, como es el caso de la Comunitat Valenciana", ha lamentado.
Según MartÃnez, "hemos hecho frente a estos cambios sin apoyo ni coordinación por parte del Gobierno de España".
La consellera ha señalado que no se puede eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la riada. La norma, ha dicho, "nos está costando alrededor de 50 millones de euros".
Ha mostrado su consideración hacia la postura de la judicatura ante la culminación de la tercera fase de la implementación de la norma. "Somos sensibles a la situación de las Salas de Gobierno y de los Tribunales de Instancia y en base a ello, admitimos flexibilidad en cuanto a la implantación en algunos partidos judiciales", ha manifestado.
