Ayer se celebró en Valencia una reunión entre representantes de los sindicatos CCOO Construcción y Servicios y UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro, con directivos de los dos grupos cementeros que operan en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de analizar las consecuencias para la industria cementera y para el empleo asociado a la economÃa circular, derivadas del nuevo impuesto a la valorización energética de residuos, creado por Ley 21/2017, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
La reunión ha sido organizada por la Fundación CEMA, y a la misma han asistido, entre otros, los dos secretarios generales de UGT-FICA y CCOO Construcción y Servicios en la Comunidad Valenciana, junto con los directores de las tres fábricas de cemento que operan en Valencia.
A juicio tanto de los representantes de los trabajadores, como de las empresas cementeras, el establecer un mismo impuesto disuasorio a la valorización energética, equiparándola a la incineración o al depósito en vertedero, vulnera lo estipulado en la legislación estatal y comunitaria aplicable sobre residuos, donde se deja claro que la recuperación del valor energético del residuo es considerado una necesidad ambiental para avanzar en la economÃa circular que hemos de promover en la sociedad actual.
La valorización energética consiste en la sustitución parcial del combustible fósil habitual del sector, el coque de petróleo, por distintas tipologÃas de residuos no reciclables con recursos energéticos aprovechables. Se trata de una práctica avalada y potenciada por la Unión Europea que se lleva realizando con todas las garantÃas de salud ambiental, desde hace más de 20 años en España y 40 en Europa, siendo precisamente los paÃses del norte de Europa donde más se emplea este método para aprovechar material y energéticamente los residuos no reciclables.
Aplicar un impuesto a la valorización energética, cuando todavÃa se envÃan a vertederos más de la mitad de los residuos municipales generados en la Comunidad Valenciana, llevará asociado, en opinión de la industria cementera Valenciana un incremento todavÃa mayor de los desechos que se entierran en vertederos, contraviniendo además lo señalado en la legislación europea al respecto.
Desde el sector cementero se alerta también sobre el peligroso "efecto frontera" que se podrÃa generar y que harÃa que asistiéramos a una deslocalización de profesionales y empresas relacionadas con la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana, asà como a la pérdida de competitividad de toda la cadena de valor de las empresas implicadas en la gestión de los residuos en esta Comunidad Autónoma.
Los asistentes a la reunión demandan que la administración valenciana reconozca la importancia de la valorización energética para hacer la transición hacia una "economÃa circular" en la Comunidad Valenciana conforme está exigiendo actualmente la Comisión Europea. A este respecto se ha solicitado una reunión al
presidente de la Generalitat Valenciana, para trasladarle nuestra máxima preocupación por las negativas consecuencias que esta medida puede tener para el mantenimiento del empleo y de la competitividad de las tres fábricas de cemento y en el empleo de calidad asociado a esta actividad.
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