La policía nacional en una imagen de archivo. -EPDAEl martes se aprobó el nuevo reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, en el que definitivamente se elimina el requisito de estatura mínima para acceder al cuerpo, si bien la condición se mantendrá para ingresar en las UIP, las UPR, y el GEO, en las que la altura afecta a la operatividad de la labor policial específica que deben desarrollar. Además de esta medida también se ha aprobado que tanto las mujeres como los hombres que deban aplazar su incorporación al curso de ingreso por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento de un menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, por lo que no verán reducida su antigüedad en la función pública.
Para el acceso a la Policía Nacional, en convocatorias pasadas era imprescindible contar con una altura mínima de 1,65 centímetros en el caso de los hombres y 1,60 para las aspirantes mujeres, medidas que no serán necesarias para quienes se presenten a los procesos selectivos a partir de 2023. Con este cambio la Policía Nacional se equipara a otros Cuerpos civiles de policía de países europeos, como Francia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Austria, Irlanda, Reino Unido, Rumanía, Dinamarca y Alemania.
Sin embargo, los requisitos de estatura mínima se mantendrán para ingresar en determinadas unidades especiales -UIP, UPR y GEO-, donde la talla afecta a la operatividad de la labor policial específica que desarrollan.
Además, a partir de ahora, las mujeres que quieran ingresar en la Policía podrán aplazar sus pruebas de selección si están en periodo gestante, de parto o de postparto, aplazamiento que también será efectivo para la realización o finalización del curso de acceso a las prácticas policiales correspondientes si cualquiera de esas situaciones se produjese una vez superadas las pruebas de ingreso.
Tanto las mujeres como los hombres que deban aplazar su incorporación al curso de ingreso por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento de un menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, por lo que no verán reducida su antigüedad en la función pública.
