Luis Pérez Fernández Alvise atiende a la prensa tras comparecer ante el juez en el Tribunal Supremo.Archivo- EFE- Mariscal
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, lo que permitirá al Tribunal Supremo continuar con la investigación abierta contra él por un presunto delito de acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en València, Susana Gisbert.
La decisión se ha adoptado mediante votación a mano alzada tras el informe elaborado por el eurodiputado italiano Mario Furore, integrante del Movimiento Cinco Estrellas y del grupo de La Izquierda, en el que se recomendaba acceder a la petición de la justicia española.
El informe concluye que no existen elementos que permitan apreciar un supuesto de fumus persecutionis, es decir, una actuación judicial dirigida a perjudicar la labor política del dirigente de SALF como miembro de la Eurocámara.
"En este caso, el Parlamento no ha podido determinar la existencia de 'fumus persecutionis', a saber, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo", recoge el texto respaldado por la Cámara.
Además, el documento recuerda que los hechos investigados se habrían producido entre enero y febrero de 2024, varios meses antes de que Pérez obtuviera acta de eurodiputado en las elecciones europeas de junio de ese mismo año.
"No era diputado del Parlamento Europeo en el momento de la presunta comisión de los delitos", añade el informe.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo podrá continuar las diligencias abiertas por la denuncia presentada por la fiscal Susana Gisbert, aunque el levantamiento de la inmunidad no implica en ningún caso una condena ni la pérdida automática del escaño europeo.
La medida tampoco supone la retirada de sus derechos parlamentarios, sino que únicamente elimina la protección procesal que impedía hasta ahora que pudiera ser investigado judicialmente mientras ostenta el cargo.
El líder de SALF conserva, no obstante, la posibilidad de recurrir esta decisión ante la justicia europea.
La Eurocámara tiene además en tramitación una segunda solicitud del Tribunal Supremo contra Alvise Pérez, en esta ocasión relacionada con un presunto delito electoral y de financiación ilegal de partido político.
Ese procedimiento está vinculado a la supuesta recepción de 100.000 euros en efectivo procedentes de un empresario del sector de las criptomonedas durante la campaña de las elecciones europeas en las que su formación logró tres escaños.
La elaboración de este nuevo informe ha recaído en la eurodiputada francesa Pascale Piera, perteneciente a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y su estudio ya está en marcha en la comisión de Asuntos Jurídicos.
Desde el Parlamento Europeo recuerdan que cada suplicatorio remitido por las autoridades judiciales españolas debe tramitarse de forma independiente, por lo que cualquier futura petición deberá someterse de nuevo a debate y votación.
Serán finalmente los tribunales españoles quienes determinen la posible responsabilidad penal del eurodiputado y, en su caso, las consecuencias legales que pudieran derivarse de las distintas investigaciones abiertas.
