Imagen de los representantes de LA UNIÓ en el Congreso de los Diputados. - EPDALa Unió Llauradora i Ramadera valora muy positivamente la aprobación de la ley ómnibus amparada bajo las normas de desperdicio alimentario, en la que se han incluido enmiendas importantes para el sector, varias de ellas promovidas por la organización estatal donde se integra Unión de Uniones; aunque lamenta que algunas otras hayan quedado fuera.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, 20 de marzo, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que, además de regular esta materia, ha incorporado en su tramitación varias cuestiones más de importancia que la han convertido en una verdadera norma ómnibus.
Respecto de la regulación del desperdicio alimentario, LA UNIÓ impulsó desde un primer momento, y ha conseguido, que la práctica totalidad de las explotaciones agrarias queden fuera de las obligaciones de la normativa, que iban a suponer una nueva carga económica y de burocracia para los agricultores y ganaderos, al eximir a las pequeñas y microexplotaciones.
Representatividad en el sector agrario
Una de las cuestiones más trascendentes que han quedado recogidas en la norma aprobada, es el establecimiento de un nuevo procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias, más democrático, porque tiene en cuenta las elecciones agrarias autonómicas celebradas y que puedan celebrarse en el futuro; y más objetivo y abierto porque permitirá acceder al marco de interlocución institucional a cualquier organización que acredite unos mínimos de presencia e implantación en el sector mediante criterios cuantificables.
Para LA UNIÓ, en los momentos críticos que vive el sector, es vital que quienes se sienten a negociar en nombre de los agricultores y ganaderos acrediten que están legitimados para hacerlo. "Además, en la ley se recoge que, en un período de cinco años, el gobierno tendrá que avanzar hacia un sistema basado fundamentalmente en las urnas y el voto de los profesionales", explican desde la organización, evidenciando que no se renuncia a que se consulte en las urnas a todos los agricultores y ganaderos de España.
Por otro lado, también a iniciativa nuestra, se ha aprobado que el Gobierno tiene dos meses para establecer una ayuda excepcional para el olivar y viñedo afectados por la sequía de pasados años, destinada a agricultores y explotaciones agrarias, con un montante total de 370 millones de euros. En caso de incumplimiento, la organización está dispuesta a recurrir a los tribunales para que se lleve a cabo.
La organización critica, no obstante, que el Gobierno haya vetado la votación de la medida para prorrogar la ayuda a las plantas de tratamiento de purines para cogeneración de energía, una cuestión propuesta por Unión de Uniones y que sí contaba con apoyo para haber salido adelante, lo que pone en un grave problema a los ganaderos de porcino que acuden a estas instalaciones para gestionar sus purines.
También lamenta que haya quedado fuera la propuesta de Unión de Uniones para revisar los procedimientos de presas y azudes, incluyendo en los planes la obligación de audiencia pública a los afectados y la obligación de informe de impacto ambiental previo.
"Quedan muchas cosas para solucionar en el campo y seguiremos insistiendo en estas medidas y otras muchas que hemos presentado al Gobierno y al legislativo" señalan desde la organización "pero Unión de Uniones está demostrando que con el trabajo serio y la negociación es posible dar respuesta a demandas de los agricultores y ganaderos que se visibilizan en las movilizaciones", concluyen.
