Agentes de la Policía Nacional custodian la entrada de la empresa pública Divalterra. EFE-Manuel Bruque-Archivo
Las acusación popular del caso Alquería que ejerce Acción Cívica contra la Corrupción ha reclamado una sentencia condenatoria para todos los procesados para castigar el "enchufismo", "parar el expolio de fondos públicos por parte de los partidos" y poner freno a la "impunidad de la corrupción, que es un crimen en sí misma".
La vista de este lunes del caso Alquería, que alcanza ya su fase final, se ha iniciado con la presentación de informes por parte de las dos acusaciones populares (PP y Acción Cívica).
La letrada de Acción Cívida, Míriam Salmerón, ha explicado que "los hechos que hemos enjuiciado son mucho más simples y sencillos de lo que han querido hacer ver las defensas, con su insistencia en repetir caso Taula, yonki del dinero y José Luis Vera".
A su juicio, ha quedado suficientemente acreditada la prevaricación en "los 7+2 contratos de los altos directivos y en consecuencia la malversación por el desvío de fondos públicos a sus bolsillos. No nos importa cómo estaba Imelsa porque a ellos no les importó, lo primero que hicieron fue nombrar un gerente del PSPV-PSOE y otro de Compromís para repartirse la empresa".
"La única buena gestión que se podía hacer era disolverla, pero entones no podían comprar voluntades ni mantenerse en el poder", ha lamentado.
En este sentido, ha cargado la acusación contra el entonces presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez. "Financiaba al 100 % Divalterra, presidia la junta y el consejo de administración, tenía facultades para convocarlos, igual que el pleno de la Diputación, y fue él quien ordenó las contrataciones sin justificar su necesidad en perjuicio del interés general, con abuso de poder y favoritismos".
"Rodríguez ocultó las contrataciones al consejo de administración, nunca permitió que se abordase este asunto, ocultó los informes negativos hasta que un consejero se presentó con un notario para reclamarlos".
Así, ha calificado de "enchufados" a los altos directivos contratados por Divalterra y ha puesto ejemplos de personas afines o amigos de Joan Lerma y Ximo Puig, Joan Ribó o Mónica Oltra que pasaron a ocupar puestos de alta dirección sin realizar labores propias del cargo, sin personal a su cargo o sin poderes para representar a la empresa.
En este mismo sentido se ha pronunciado el letrado del PP, Vicente Ibor, quien cree que "había un conocimiento previo de la ilegalidad de las decisiones que se iban a tomar" en Divalterra respecto a los contratos de alta dirección "saltándose todos los procedimientos establecidos".
Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, ambas acusaciones populares piden para Jorge Rodríguez, para el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) un total de ocho años de prisión.
Para los siete altos cargos contratados pide seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón.
Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación en su modalidad continuada, tráfico de influencias y organización criminal, supuestamente materializados en contratos de altos directivos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado de 1,1 millones de euros -cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos-.
