Las Diputaciones, esas grandes desconocidas

En estos momentos de dificultades, en los que la sociedad cuestiona todo aquello que por activa o por pasiva considera corresponsable de la grave crisis que no ha azotado y de la que todavía quedan importantes secuelas, la arquitectura institucional no se libra tampoco del veredicto popular. Aún a pesar de las medidas regeneracionistas que tanto el Gobierno central como el autonómico están disponiendo para mitigar ese malestar ciudadano, la crítica fácil y superficial necesita de cierta pedagogía para contrarrestar esa sensación que, a veces, las medias verdades trasladan a la sociedad.

Es el caso de la Diputaciones Provinciales, las grandes desconocidas cuya ingente labor nos ha acompañado desde su nacimiento en su recorrido por la Historia. Fruto del movimiento Ilustrado, sus orígenes y evolución rompen con cualquier estereotipo vacuo de los progres de turno. La Constitución de 1812 encarga el régimen económico de la nueva organización territorial a las Diputaciones. La nuestra, la Diputación Provincial de Valencia, se constituye el 14 de enero de 1813 en la ciudad de Alicante al estar la ciudad de Valencia ocupada por el francés hasta su salida el 5 de julio de 1813, iniciándose las sesiones a partir del 6 de octubre.

Las vicisitudes políticas del s. XIX marcaron el devenir de la Institución tanto en sus competencias como en su ámbito geográfico, que pasó del Decreto de 27 de enero de 1822 por el que se establecían cuatro provincias en el Antiguo Reino de Valencia, Alicante, Valencia, Castellón y Xátiva, hasta el 30 de noviembre de 1833 en que se suprime la demarcación provincial de la capital de la Costera.

Con un papel protagonista en nuestra Historia, la Diputación ha ido desempeñando una labor de apoyo fundamental en el desarrollo de nuestros municipios en los que la Corporación provincial ha sido promotora de proyectos de toda índole hasta que la Ley 7/1985, en su Título III vino a definir la nueva organización y competencias dentro del marco Constitucional de 1978. Con el paso de los años, esa labor muchas veces incomprendida por desconocida para la mayoría, ha ido adaptándose a los nuevos escenarios que se han ido planteando y que ahora con la profunda Reforma Local expresada en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado patente.

El papel de las Diputaciones sale reforzado en beneficio de los municipios con menos recursos, armonizando una tutela efectiva de la Corporación que ha resultado fundamental y que con el nuevo marco legislativo queda garantizada al restablecer los equilibrios competenciales entre los distintos niveles de la Administración. Sin lugar a dudas, la Diputación va a seguir haciendo honor a su sobrenombre de Ayuntamiento de Ayuntamientos, desarrollando toda una acción cooperativa con nuestros municipios.

En nuestra comarca, en el año 2013, la Diputación invirtió más de 30 millones de euros a través de los distintos Programas y Planes que pone a disposición de todos los Ayuntamientos, independientemente del color político. Por ello la Corporación Provincial juega un papel decisivo en estos momentos de dificultades económicas para la Generalitat, inmersa en una batalla decisiva por lograr esa financiación justa basada en las personas y no en los territorios.

Hablemos pues con propiedad. No desvirtuemos el papel vertebrador que juega una Institución con una labor de coordinación territorial, auxilio a los pequeños y medianos municipios, prestación de servicios de primera necesidad que no podrían prestar muchos municipios por sí solos, e impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, mejorando la gestión local dentro del proceso de descentralización y bajo el principio de subsidiariedad.

Desde el Partido Popular consideramos que nuestros esfuerzos deben ir encaminados a conseguir una racionalización de las competencias asignadas a cada nivel administrativo y acompañado todo ello de un ejercicio amplio de austeridad, con eliminación de duplicidades y de órganos innecesarios, con el objetivo de aumentar la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Porque no podemos olvidar que cualquier acción política debe ir orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con independencia del lugar de residencia que hayan elegido.