Les Corts Valencianes.EFE
El decreto ley ha obtenido el visto bueno este miércoles de la diputación permanente del Parlamento valenciano (el órgano equivalente al pleno durante los periodos de vacaciones o disolución), con los votos a favor del PP, PSPV, Compromís y Podem, y en contra de Ciudadanos.
La norma ha sido defendida por la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, quien ha asegurado que el decreto trata de ofrecer una solución "equilibrada entre los intereses legítimos" que concurren en este caso y contribuirá a solucionar la problemática existente entre ambos sectores.
Salvador, quien ha informado de que en la Comunitat existen 4.695 autorizaciones de taxis frente a 377 VTC", ha destacado "el clima de diálogo" y "pacífico" en el que se ha desarrollado la elaboración de esta regulación en la Comunitat Valenciana, algo que no ha ocurrido en otras autonomías.
El popular Alfredo Castelló ha señalado que su grupo vota a favor del decreto porque tiene "un compromiso con el sector del taxi", pero cree que es "inútil, escuálido, intrascendente e irrelevante" porque se limitan a repetir lo mismo que recoge el real decreto del Gobierno, que, a su juicio, es "inconstitucional".
Ha advertido de que el decreto estatal "vulnera las competencias exclusivas de la Generalitat para la regulación del transporte terrestre de personas dentro de la Comunitat", al trasladar competencias a los ayuntamientos, y ha lamentado que los mismos que antes "solo pensaban en montar un pollo, ahora solo hacen el pavo".
La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha denunciado que la derivación de competencias que ha hecho el Gobierno central hacia las autonomías y los municipios, provocará que existan 17 regulaciones distintas de las VTC o tantas como municipios, algo que ha considerado "una barbaridad".
"Eso no es competencia justa es quedar bien con un sector a cambio de acabar con cientos de empleos", ha afirmado Sánchez, quien ha dicho que Ciudadanos no colaborará "con el despido de trabajadores ni con la farsa que ha creado Botànic para quitarse de las manos el problema".
La socialista Mercedes Caballero ha considerado que la norma es "un gran paso para los usuarios y consumidores", pues ofrece seguridad jurídica y transparencia, y ha considerado que se ha logrado una solución que trata establecer un equilibrio entre dos sectores que ofrecen servicios muy similares.
Desde Compromís, Mireia Mollà ha defendido la necesidad de regular un sector del que se han aprovechado algunas grandes empresas que tributan en paraísos fiscales y atropellan los derechos laborales de los trabajadores, poniendo "la esclavitud al servicio de la necesidad".
Podem, por su parte, ha apoyado el decreto porque existe consenso con el sector, aunque les hubiera gustado que se aprovechara la norma para asegurar "una licencia VTC cada 30 taxis", y que la precontratación fuera lo bastante amplia como para no permitir picarescas.
