Les Corts Valencianes han aprobado, con el
voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, que el Gobierno de
España inicie "urgentemente, antes de 2019", la negociación para un
nuevo sistema de financiación autonómica, en el que "nunca más" haya
ciudadanos discriminados por territorios.
La propuesta, que
también pide que se aumente el límite de déficit, como mínimo, al 0'3 % y
que el Senado convoque la comisión para que el president de la
Generalitat, Ximo Puig, comparezca a hablar de financiación, se ha
acordado durante la segunda jornada del último debate sobre el estado de
la Comunitat de esta legislatura.
Durante los debates y
votaciones celebrados hoy han prosperado peticiones de Podem que pedían
que los presupuestos de las Diputaciones fueran asumidos por la
Generalitat, acelerar la compra de viviendas a particulares para fines
sociales, o una moratoria para proyectos como Puerto Mediterráneo o el
PAI del Grao.
Aunque Podemos había planteado la implantación
de una tasa a las bebidas azucaradas "desprovistas de aportación
alimentaria", la propuesta finalmente consensuada con PSPV y Compromís
ha sido la de realizar un "estudio sobre la necesidad y oportunidad de
la entrada en vigor" de este impuesto "con el objetivo de reducir el
consumo" de este tipo de refrescos.
La iniciativa sobre
financiación la habían presentado inicialmente el PSPV y Compromís, si
bien finalmente se ha consensuado con Podem tras asumirse la petición de
este grupo de que se introdujera la acotación temporal de empezar a
negociar "antes de 2019".
El PP también pedía en una
iniciativa la reforma inmediata del sistema de financiación, un asunto
en el que el diputado del PP Rubén Ibáñez ha reprochado el "cambio de
actitud más que notorio" del Consell, cuyo president ha pasado "de la
pancarta a la palmada" y se ha convertido "en el Pagafantas" de Pedro
Sánchez.
El socialista José Muñoz ha dado "la bienvenida" al
PP "a la lucha" en favor de una reivindicación "justa", y ha afirmado
que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho en cien días más que el
Ejecutivo de Rajoy en siete años. Mireia Mollà (Compromís) ha dicho que
"ya es hora" de que Puig pueda ir al Senado, "sin ningún veto".
Ciudadanos ha lamentado que no haya sido posible una propuesta única
de todos los grupos para reafirmar la necesidad de un nuevo modelo, pues
es una cuestión "capital que debe unir a todos y no usarse como un arma
electoralista".
El pleno ha rechazado, con los votos del
PSPV, PP y Ciudadanos, una propuesta de Podem respaldada por Compromís
que pedía incorporar los presupuestos de las Diputaciones a la
Generalitat, alegando que es una medida contemplada en el Estatuto de
Autonomía y supone avanzar en el vaciado de unas instituciones que se
han visto afectadas por la corrupción.
El PSPV-PSOE ha votado
en contra alegando que un cambio de esa envergadura no se debe hacer de
una manera "gratuita o que no sea rigurosa", sino de forma bien meditada
y sabiendo hacia dónde se quiere caminar, y ha recordado que el Consell
ha propuesto una reforma constitucional para que cada autonomía decida
cómo hacerlo.
También se ha rechazado las peticiones de Podem
de acelerar la compra de viviendas a particulares para ampliar el parque
público o la aplicación de una moratoria a Puerto Mediterráneo o el PAI
del Grao, aunque sí se ha adoptado el compromiso de "acabar con el
modelo de desarrollo territorial basado en megaproyectos especulativos".
Por el contrario, se han aprobado peticiones de Podem como aumentar
el presupuesto de la Conselleria de Agricultura "al menos" un 2 %, o
establecer un plan de dignificación de la función docente en 2018 que
reduzca las horas lectivas del profesorado.
También han
prosperado peticiones de Ciudadanos como solicitar un calendario de
planificación de trabajos concretos del Corredor Mediterráneo,
incrementar los recursos destinados a consolidar el empleo autónomo, o
potenciar el turismo rural inteligente.
Entre las propuestas
rechazadas al PP, la totalidad de las presentadas, figura una con todas
las medidas del programa de Gobierno expuesto por Isabel Bonig, al
considerar que el actual Consell está "agotado" y solo ofrece
"imposición y sectarismo", si bien Compromís ha afirmado que es una
iniciativa "popurri" que no tiene "ningún sentido".
Una de las
anécdotas de la segunda y última jornada del debate la ha protagonizado
el diputado del PP Juan Carlos Caballero, al exhibir en el hemiciclo un
teléfono rojo para denunciar la, a su juicio, inexistente política del
Consell en materia de empleo.
Sosteniendo este aparato,
Caballero ha tildado de "denigrante" la campaña del Ayuntamiento de
València para promocionar el nuevo programa de empleo para mayores de 55
años, que se publicita precisamente con un teléfono rojo instalado en
el cruce de la calle Colón y Ruzafa de València.
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