Antonio Inarejos. -EPDAImaginemos que estamos a 8 de junio, cuando el calor es insoportable y un tema recurrente en las conversaciones en el trabajo es "el veranito que nos espera, vaya tela, ¡qué calor!" Para quienes trabajan en la calle, como el personal de limpieza viaria, esta no es una preocupación menor, sino un tema de salud laboral y de esperanza de vida.
Ante esta situación, un comité de empresa de tantos en el sector se reúne para analizar cómo proteger a las personas trabajadoras frente a las altas temperaturas y traslada a la compañÃa la propuesta de adaptar los horarios de trabajo, para evitar las horas de mayor calor y reducir la exposición al sol.
La medida es bien recibida y se alcanza un acuerdo con ambas partes. Hasta aquÃ, todo parece avanzar en la buena dirección. Sin embargo, al transmitir la medida a la plantilla, surge una realidad que no se habÃa tenido en cuenta: una parte importante del personal depende del transporte público para acudir a su puesto de trabajo y en el nuevo horario planteado no hay servicio.
En este momento es cuando se toma conciencia de algo fundamental: que las condiciones de trabajo no pueden analizarse de manera aislada. Están profundamente interconectadas con otros servicios básicos y la movilidad es uno de los más importantes. No sirve de nada acordar medidas de protección frente al calor si estas dejan fuera, en la práctica, a una parte de la plantilla.
La falta de transporte público adecuado y la nula vertebración del territorio valenciano son un obstáculo directo para la aplicación de mejoras laborales y una nueva forma de desigualdad. Por tanto, la movilidad no es solo un tema urbano o medioambiental, es también una cuestión laboral y social. Con la llegada de la nueva ley 9/2025, de 3 de diciembre 2025, de Movilidad Sostenible, debemos insistir en que el acceso al trabajo en condiciones dignas pasa necesariamente por un transporte público suficiente, accesible y adaptado a los horarios reales de quienes sostienen los servicios esenciales.
Los desplazamientos para acudir al trabajo representan alrededor del 40 % de la movilidad urbana y se han convertido en uno de los principales factores que deterioran las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. El actual modelo territorial, que aleja las zonas residenciales de los centros de empleo y prioriza el uso del vehÃculo particular frente al transporte público, genera más tiempo perdido, mayor coste económico, estrés, alta siniestralidad laboral in itinere, que aumenta año tras año, y dificultades para la conciliación. Además, expulsa del empleo a quienes no disponen de vehÃculo propio, profundizando en la desigualdad y la exclusión social.
Cada dÃa se agravan los problemas de movilidad entre las comarcas del PaÃs Valencià , por lo que necesitamos estructurar y conectar las distintas partes del territorio para asegurar la cohesión interna. En definitiva, un desarrollo que implique mejorar infraestructuras, servicios y comunicaciones, evitando la fragmentación y garantizando la igualdad de oportunidades entre la ciudadanÃa.
La entrada en vigor de la citada Ley de Movilidad obliga a que las empresas y entidades públicas con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo en un plazo de 24 meses. Esto debe convertirse en un nuevo terreno de negociación colectiva, puesto que abre una oportunidad para intervenir e impulsar estos planes en empresas y áreas industriales y para que se sitúen los desplazamientos en la agenda de derechos.
Llegar al trabajo no puede seguir siendo un problema individual cuando es una responsabilidad colectiva y de las administraciones públicas. Hablar de movilidad es hablar de igualdad, de justicia social y de derechos. Y si de verdad queremos avanzar hacia un modelo más humano y sostenible, la movilidad y la vertebración del territorio valenciano deben ocupar un lugar central en el debate público, en la mejora de las condiciones de trabajo y de la sociedad.
