Los concursos presentados en el segundo trimestre de 2023 en la Comunitat Valenciana experimentan un incremento interanual del 111 por ciento

El número de concursos presentados durante el segundo trimestre de este año en los Juzgados de lo Mercantil de la Comunidad Valenciana experimentó un importantísimo incremento interanual, al alcanzar los 1.450, es decir, un 111,1% más que los registrados entre abril y junio de 2022. Por tipo de concurso, los que mostraron un mayor incremento -del 251,9%- fueron los impulsados por personas naturales no empresarios, que sumaron 1.200 frente a los 34 de un año antes. Por el contrario, los concursos de personas jurídicas descendieron un 32,8%, al pasar de 265 a 178 y los de personas naturales empresarias bajaron un 11,1%, de 81 a 72.

Estos y otros datos forman parte del informe trimestral 'Efecto de la Crisis en los Órganos Judiciales', que ha publicado este viernes la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sumadas todas las modalidades de concursos, la Comunidad Valenciana es la tercera autonomía con una mayor cifra en España, solo por detrás de Cataluña (4.074) y Andalucía (1.475).En los siguientes gráficos se muestra el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos tribunales superiores de justicia, distinguiendo por tipo de concurso: de personas físicas no empresarios, de personas físicas empresarios y de personas jurídicas.

En el segundo trimestre de 2023 se presentaron en los Juzgados de lo Social 4.517 demandas por despido, un 42,4% más que las presentadas un año antes, cuando se contabilizaron 3.171. Esta cifra sitúa a la Comunidad Valenciana como la tercera comunidad autónoma de España con mayor número de demandas por despido, tras Cataluña (7.160), Andalucía (5.336) y Madrid (5.230). Una situación similar se dio con las demandas de reclamación de cantidad, que ascendieron a 3.222, un 13,8% más que las 2.548 registradas entre abril y junio de 2022.

Aumento del 36,7 % de los procedimientos monitorios

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en el trimestre analizado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad Valenciana alcanzaron los 34.940, lo que implica un incremento interanual del 38,2% respecto de los 25.279 formulados en el segundo trimestre de 2022.El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Por el contrario, los lanzamientos practicados volvieron a experimentar una disminución, en este caso del 28,5%. El total registrado entre abril y junio de este año fue de 1.090, mientras que un año antes se habían practicado por los órganos judiciales y sus servicios comunes 1.524.

De ese total de 1.090 lanzamientos practicados, más de tres cuartas partes, 803, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 251 derivaban de ejecuciones hipotecarias. Los 36 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por la LAU bajaron un 16,9%, pues en 2022 se contabilizaron 966, mientras que los provocados por procedimientos de ejecución hipotecaria disminuyeron un 50,9% en relación a los 511 registrados entre abril y junio del pasado año.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron durante una disminución interanual del 37 por ciento, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 32,6 por ciento. Los derivados de otras causas descendieron el 16,2 por ciento.

Cataluña –con 2.274 lanzamientos, el 31,2 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron un mayor número durante el segundo trimestre de 2023, seguida de la Comunidad Valenciana, Andalucía (1.051) y Madrid (561).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.621, el 30,6 por ciento del total. Por detrás, la Comunidad Valenciana, con 803; Andalucía, con 658, y Madrid, con 492. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña, con 415, fue el territorio que presentó el mayor número, seguida de Andalucía, con 316, y la Comunidad Valenciana, con 251.

Reducción interanual del 28,8 % de las ejecuciones hipotecarias

El informe estadístico incluye también la cifra de procedimientos de ejecución hipotecaria, que en la Comunidad Valenciana ascendió a 821, un 28,8% menos que las 1.043 que un año antes. El mayor número se dio en Andalucía, con 1.064, un 20,6 % del total nacional, seguida de Cataluña, con 1.027, y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, la Comunidad Valenciana comanda la estadística, con 15,7 procedimientos ingresados por cada 100.000 habitantes.

En el segundo trimestre de 2023, ingresaron en los juzgados especializados 2.295 demandas por acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, asuntos conocidos como "cláusulas suelo". Esa cifra supuso un aumento del 10% respecto a las demandas interpuestas en el segundo trimestre de 2022, que ascendieron a 2.086. Entre abril y junio de este año se resolvieron 2.625 demandas de este tipo en la Comunidad Valenciana, frente a las 3.879 resueltas un año antes, lo que significa un descenso interanual del 32,3% y quedaron en trámite 7.641, un 9,2% menos que los 8.411 asuntos que quedaron en trámite en ese mismo trimestre de 2022.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2023 ingresaron 137 asuntos de este tipo, un 20,2% por ciento más que el año anterior.Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, obtenemos la siguiente comparativa:

Datos por provincias

Las estadísticas hechas públicas hoy por el CGPJ constatan la misma tendencia apreciada en el conjunto de la Comunidad Valenciana en cada una de las tres provincias. Así, en Alicante se registraron durante el segundo semestre de este año un total de 572 concursos, sumadas todas las modalidades, un 188,9% más que un año antes, cuando se contabilizaron 198. En Castellón, la cifra ascendió a 136, un 88,9% más que los 72 de 2022, y en Valencia la cifra ascendió a 742, con un incremento interanual del 77,79% en relación a los 417 del segundo trimestre del pasado año.

Una situación similar se produjo con los despidos presentados en los Juzgados de lo Social, que en Alicante fueron 1.424, un 42,8% más que el año anterior, cuando se registraron 997. Por su parte los juzgados castellonenses asumieron 365 demandas por despido, con un aumento interanual del 50,2% respecto a los 243 de 2022. Finalmente, en Valencia se contabilizaron 2.728 asuntos por las 1.931 de un año antes, lo que significa un crecimiento del 41,3%.

Por el contrario, los procedimientos de ejecución hipotecaria y los lanzamientos practicados bajaron en cada una de las provincias, al igual que ocurrió a nivel autonómico. De este modo, los primeros alcanzaron un total de 388 en la provincia de Alicante, un 27,9% menos que los 538 del segundo trimestre del año anterior. En Castellón se registraron 73, un 22,3% menos que los 94 registrados entre abril y junio de 2022. En la provincia de Valencia, ese descenso fue menor, en concreto del 12,4%, ya que se presentaron 360 demandas frente a las 411 presentadas un año antes.

En cuanto al total de lanzamientos practicados, la cifra ascendió en los juzgados de Alicante a 403, con una disminución interanual del 41,1%, ya que en el segundo trimestre de 2022 se contabilizaron 684. En Castellón se practicaron 104 lanzamientos, un 53,8% menos que los practicados un año antes (225). Finalmente, en Valencia los lanzamientos, 583, supusieron un descenso del 5,2% respecto a los 615 contabilizados entre abril y junio del pasado año.