José María Gil Garré, perito judicial en gestión de emergencias y catástrofes. EFE-Jordi Ferrer
Los dos expertos en emergencias y protección civil que han elaborado un informe para SOS Desaparecidos y han declarado este viernes en calidad de peritos ante la jueza que instruye la causa de la dana han criticado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no declarase la emergencia catastrófica ni se pusiese al mando del operativo.
Estos dos peritos -José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco- han sido críticos tanto con la actuación de la Generalitat como con la de los ayuntamientos, que a su juicio obviaron sus obligaciones en materia de seguridad, como son tener planes de emergencia municipal y un plan especial de inundaciones y avenidas.
En el informe, que ha sido incluido en el sumario del proceso, estos especialistas concluyen que Mazón debió declarar la emergencia catastrófica, emitir alertas a través del 112 y liderar la actuación de los municipios, y que el "silencio en las alertas" supuso una "condena para la población" e "impidió evacuaciones y movilización de recursos".
Su análisis de lo sucedido incluye una cronología que, a su juicio, "evidencia una ventana de oportunidad de al menos cuatro días (del 25 al 28 de octubre) en la que la Generalitat, Diputación y los ayuntamientos pudieron actuar para salvar vidas, una ventana que se cerró con el silencio y la inacción, condenando a las víctimas a un destino que clama justicia".
Al término de la declaración judicial, Gil ha explicado a los medios de comunicación que en su opinión "hay una relación de causalidad entre una gestión manifiestamente mejorable, por decirlo finamente, y las consecuencias terribles, terribles" de esta dana, que ha dejado "mucho dolor" en los familiares de las 228 víctimas mortales.
Ha explicado que la legislación valenciana tiene una cuestión "singular", y es que en 2020 se modificó la ley de Emergencias para establecer que, en situación de peligro o daños graves, el president de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica y asumir "personalmente" la dirección de la emergencia.
En la declaración judicial se le ha preguntado quién podía solicitar la declaración del nivel 3 o emergencia nacional -algo que no se había hecho nunca en España hasta el reciente apagón, cuando lo pidieron varias comunidades autónomas- y ha explicado que podían pedirlo el president, la delegada del Gobierno y el ministro del Interior.
Ha destacado que desde que Aemet empezó días antes a avisar de la dana hubo tiempo de gestionar la emergencia e incluso de preparar vías de evacuación, porque "lo que no cambió en ningún momento" en las previsiones es que el 29 de octubre iba a "caer la mundial", pero "lo que no se podía hacer era una evacuación a las ocho y pico de la tarde".
El perito ha afirmado que si el 29 de octubre la propia Generalitat lanzó la alerta hidrológica a las 12:20 horas, cómo es posible que no se constituyera ya el Cecopi esa mañana o que Mazón dijera a las 13 horas que la dana se iba hacia Cuenca.
Por su parte, José María Bueno, abogado de uno de los dos investigados en esta causa, el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ha intentado impugnar a este perito al entender que es militante socialista y eso implica "falta de parcialidad", pero la jueza no le ha dejado preguntarle por su militancia.
Gil ha señalado al respecto a los periodistas que fue concejal socialista seis meses en su pueblo, Los Alcázares (Murcia), pero dimitió porque no le gusta la política desde dentro. "Soy socialdemócrata, lo que pasa es que Sánchez y yo seguramente no nos vamos a tomar el café juntos", ha añadido.
La abogada Mamen Peris, que ejerce la acusación popular de Ciudadanos, ha destacado que la Comunitat Valenciana tiene una "ley especial" que permite al president "coger el mando" en caso de una emergencia catastrófica, pero el Cecopi no se reunió hasta las 17 horas y Mazón no llegó hasta las 20:28 horas.
