Por este motivo, y recogiendo la inquietud manifestada por los jueces de Instrucción y los de Incapacidades, el Decanato de Valencia reclama la apertura en la Ciudad de la Justicia de una oficina con personal cualificado para informar sobre servicios y ayudas en materia de asistencia social a las personas que a diario acuden a los Juzgados.
A este respecto, el Decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, explica que detrás un conflicto jurÃdico por violencia de género, de un enfrentamiento familiar o vecinal, de un proceso de incapacitación de un anciano sin recursos o de un lanzamiento (desahucio) afloran centenares de problemas sociales que afectan por lo general a familias desestructuradas, personas desarraigadas o que viven en la más absoluta pobreza o con recursos limitados.
"En estos casos el pleito no es más que la punta del iceberg de un problema social o familiar mucho más profundo que se oculta detrás del conflicto jurÃdico", señala Viguer, quien recuerda que a la Ciudad de la Justicia de Valencia, sede en la que se ventilan los asuntos relativos a más de 800.000 personas, acuden a diario entre 12.000 y 15.000 ciudadanos por problemas jurÃdicos que, en muchos casos, ocultan situaciones de exclusión social en las que se precisarÃa intervenir con urgencia y dando "una respuesta integral más allá de lo estrictamente jurÃdico".
La oficina, según el decano, deberÃa estar atendida por un trabajador social y un abogado. "Con un escasÃsimo coste podrÃa ofrecerse un servicio de evidente utilidad social a los ciudadanos, especialmente a aquellos que se hallan en una situación más vulnerable, aprovechando las infraestructuras judiciales y la coyuntura que implica la existencia de un pleito, litigio, proceso o conflicto jurÃdico", subraya.
La petición de los jueces de Valencia para que se cree una oficina de asistencia social a disposición de todos los órganos judiciales, especialmente a disposición de los Juzgados de Guardia, Instrucción, Violencia sobre la Mujer, Menores, Incapacidades y del servicio que ejecuta los desahucios, cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Una vez estudiada la propuesta, la Sala de Gobierno del TSJCV ha autorizado al decano a entablar los contactos necesarios con los organismos públicos y corporaciones profesionales con competencias en la dotación de medios personales y materiales para que la oficina sea una realidad.
El Alto Tribunal Valenciano ya ha hecho llegar la petición de los jueces de Valencia a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas; a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y PolÃticas Inclusivas; al Ayuntamiento de Valencia y al Colegio de Abogados.
