Pie de fotoLos municipios de menos de 10.000 habitantes han visto multiplicada por cuatro la aportación de la Diputació de València para servicios sociales básicos en apenas 3 años. En 2015, la corporación destinaba 3.950.000 euros a 187 ayuntamientos y entes locales, mientras que en 2018 el área de Inclusión Social ha gestionado una partida de 12.252.558 euros para garantizar estos servicios básicos a 215 municipios. Del 0,87% del presupuesto total de la Diputació en 2015 se ha pasado a destinar a servicios sociales un 2,59% de dicho presupuesto en el presente ejercicio.
Con la base de un modelo centrado en la prevención y la justicia social, los consistorios han visto incrementadas las ayudas para pobreza energética, atención a domicilio, inserción y emergencia social. Una inversión en servicios sociales básicos que no ha dejado de crecer a lo largo de la presente legislatura, con el objetivo de construir una atención social primaria digna, que vertebre el territorio y esté dotada económicamente para dar respuesta, sin discriminación, a las necesidades de las personas.
En esta línea se han expresado el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, y la responsable de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, ante decenas de alcaldes y alcaldesas y responsables de servicios sociales locales, analizando el modelo de la Diputació junto a los técnicos de la corporación, que están a disposición de los ayuntamientos para resolver las dudas que puedan surgir en la tramitación y gestión de las ayudas.
El presidente y la diputada han coincidido en la apuesta por seguir incrementando esta partida social de cara al presupuesto de 2019. En palabras de Rosa Pérez Garijo, "los servicios sociales no pueden funcionar si no disponen de los medios humanos que toca, así como de un respaldo administrativo que libere a los profesionales de ocuparse de la parte burocrática".
La titular de Inclusión Social ha destacado el trabajo de los ayuntamientos en esta materia, y ha puesto como ejemplo las solicitudes de dependencia, que "en los municipios de menos de 10.000 habitantes se solventan en el 100% de los casos". Rosa Pérez Garijo ha recordado a técnicos y responsables locales que el pasado año la Diputació se comprometió a implantar la asistencia jurídica en este ámbito de los servicios sociales, a petición de los propios ayuntamientos, y lo ha cumplido.
Asistencia jurídica
Como novedad en el actual ejercicio destaca precisamente el asesoramiento jurídico a los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000 habitantes, con subvenciones para contratar a un abogado o abogada con el fin de orientar en el ámbito jurídico a estos entes locales en materia de asistencia social.
Otro de los datos destacados en la gestión de estos servicios sociales en los últimos 3 años es la disminución del ratio en la atención profesional, pasando de un trabajador por cada 5.400 habitantes en 2015 a un trabajador por cada 2.091 habitantes en 2018. También han mejorado considerablemente en este período el soporte administrativo y las ayudas para la movilidad, que al inicio de la legislatura no existían para entes locales y actualmente alcanzan a 26 de estos entes, que interactúan con 157 ayuntamientos.
Los alcaldes y alcaldesas y los trabajadores sociales y concejales de Bienestar han intercambiado experiencias con los responsables de la Diputació, que han tomado nota de los problemas que surgen en los municipios en la gestión de los servicios sociales y las necesidades de los usuarios. En Navarrés, por ejemplo, proponen la puesta en marcha de un sistema de búsqueda de personas para evitar desapariciones y ayudar a las familias en casos de Alzheimer o demencia senil. Otros consistorios expresan sus dificultades para disponer de trabajadores sociales, lo que, en opinión de Rosa Pérez Garijo, podría resolverse con una bolsa común de profesionales a la que pudieran acceder todos los ayuntamientos.
