Imagen de archivo del president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE-Biel Aliño-Archivo
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado este lunes su rotunda oposición al modelo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, al que ha calificado de "cupo separatista inconstitucional". Según Mazón, esta fórmula rompe con los principios fundamentales del Estado de las Autonomías y amenaza con debilitar el modelo constitucional vigente.
"El cupo separatista catalán es inconstitucional porque rompe los principios de autonomía, solidaridad e igualdad", ha declarado. En su intervención, Mazón ha advertido que esta propuesta fragmenta el criterio de caja única y dinamita el consenso político y territorial alcanzado en la Constitución de 1978. "Hace añicos nuestra Constitución por la puerta trasera, sin llevar la votación al Congreso y sin el respaldo de la mayoría de los españoles ni de todas las Comunidades Autónomas", ha remarcado.
Ante esta situación, Mazón ha reclamado un retorno al consenso dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas, como vía para reformar el sistema de financiación actual. "Hay que volver al consenso del CPFF y reformar el sistema para que todos los españoles seamos iguales, independientemente de donde residamos", ha afirmado.
El president también ha recordado que la Comunitat Valenciana es, según todos los organismos independientes, una de las regiones peor financiadas del Estado. "Necesitamos una financiación justa, no privilegios para unos pocos con el fin de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa", ha denunciado.
En este sentido, Mazón ha subrayado que la reclamación valenciana no busca un trato diferencial, sino equidad. "No pedimos separarnos del resto de autonomías, pedimos igualarnos, porque somos los peor financiados", ha dicho. Finalmente, ha reivindicado el derecho de los valencianos, alicantinos y castellonenses a disfrutar de los mismos servicios públicos que el resto de ciudadanos del país. "Tenemos derecho a la misma sanidad, educación o servicios sociales que el resto de los españoles", ha concluido.
