La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.La población ajustada es una de los primeras variables que se analizarán para la reforma del modelo de financiación autonómica, cuya negociación comenzará en los próximos meses, según ha manifestado en València la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Como cuestión nuclear en la distribución de recursos a las Comunidades Autónomas, en la población ajustada se calibrará cómo se comporta la insularidad, la población mayor de 65 años y cómo hay que atender a la población infantil, ha concretado la ministra portavoz a los periodistas antes de participar en el cierre del Congreso de UGT.
En los próximos meses se va a empezar a trabajar con estas variables, y se podrán obtener resultados en un plazo de tiempo corto si los partidos y las Comunidades Autónomas tienen "disposición al avance", ha señalado Montero.
Respecto a la Comunitat Valenciana, ha manifestado que es la peor tratada en el actual modelo de financiación, que arroja "diferencias injustificables" entre las comunidades que tienen una mejor financiación por habitante frente a la peor, y ese es un elemento "a corregir".
Montero ha afirmado que, mientras se define el nuevo sistema de financiación, durante la pandemia el Gobierno ha abordado la financiación a las comunidades desde una perspectiva distinta y, por ejemplo, la Comunitat Valenciana ha recibido 2.500 millones de euros adicionales (en concreto en 2020 ha recibido 2.427 millones extra en transferencias del Estado a través de las entregas a cuenta –que se calcularon como si no hubiera habido pandemia para no perjudicar a las CCAA- el Fondo COVID, y los fondos sociales extraordinarios).
"No sé si a eso se le podrá llamara nivelación, pero si no hubiera tenido" esa financiación, los ingresos de la Comunitat Valenciana habrían caído un 2,45 % en 2020 en lugar de aumentar un 11,2 %, como lo hicieron gracias al apoyo extra del Gobierno.
Además, este año ha puesto a disposición de la Generalitat 650 millones para ayudar a las empresas, y se ha consultado a las comunidades sobre los criterios de distribución de los 13.500 millones adicionales que contemplan los presupuestos.
El Gobierno, ha dicho, "se ha preocupado" por que las Comunidades Autónomas no tuvieran problemas de tensiones financieras para atender la sanidad o la educación en condiciones de seguridad, y ha añadido que el ejecutivo seguirá dando recursos a las comunidades de forma incondicionada para atender las necesidades extraordinarias derivadas de la covid mientras se reforma el sistema de financiación.
