Salvador SolerLa principal obligación de un Ayuntamiento es velar por los intereses de sus ciudadanos y el de Godella, lo hará hasta las últimas consecuencias. La sentencia que obliga al municipio a pagar cerca de 12 millones de euros más los intereses por el bosque del Sagrado Corazón provocarÃa el deterioro del Ayuntamiento y, por tanto, el de la calidad de vida de su ciudadanÃa, el deterioro de los servicios, de la actividad.
Una situación que nadie ha buscado. No la buscamos los responsables polÃticos actuales ni los que en la elaboración del Plan General de 1990 tuvieron que obtener suelo dotacional para cumplir con la legalidad que imponÃa la norma de aquel momento. Pero, sobre todo, no la han buscado los ciudadanos de Godella que al final serÃan los grandes damnificados. Por eso, el Ayuntamiento nunca traspasará esa lÃnea, ni aún por el cumplimiento de una sentencia que, sin embargo, tiene la voluntad de cumplir. La justicia puede ser ciega pero nunca injusta.
Hay algunas paradojas en todo esto, como que las monjas recurrieron hasta la última instancia para evitar que se les expropiara el bosque en el año 90. Ahora, han vuelto a recurrir hasta la última instancia, pero para lo contrario: para que se ejecute la expropiación que ellas mismas instaron y para que se les pague el justiprecio establecido por el Tribunal.
El PGOU valoró en 1990 aquella parcela en 30. 855.900 pesetas (185.447,69 €). Según la Ley vigente en aquel entonces, a ese precio habrÃa que añadirle el IPC de todos estos años (un 65%), lo que hoy supondrÃa algo menos de 400.000 €. Pero la sentencia ha multiplicado por 30 esa valoración. Aunque la congregación solicitaba que se multiplicara por 166. En 16 años pedÃan que las pesetas se hubieran convertido en euros. Ni el negocio más especulativo da ese rendimiento.
El mismo tribunal ha tasado el precio del metro cuadrado de la parcela del parque del Bovalar –en una situación similar al de la Devesa-, en 76 euros mientras que el de las monjas lo justipreció en 411 euros, 7 veces más.
El presupuesto de Godella es de alrededor de 9 millones anuales y el 85% de ese presupuesto ya está comprometido para hacer frente a los gastos de personal y a los servicios esenciales. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a Godella la financiación externa a través un préstamo. Esto supone que la única fórmula posible es la compensación en especie. Pero esta posibilidad pasa por el acuerdo con la congregación que, hasta ahora, nunca ha querido sentarse a negociar. En caso contrario, hundirÃan al pueblo en la ruina.
Apelamos a la conciencia de la congregación, que también son vecinas de Godella, para que no condenen a las futuras generaciones de su pueblo a perder por completo su calidad de vida. A que acepten recuperar la propiedad del bosque para su uso privativo en el que poder ampliar sus aulas y no antepongan otros intereses a los de la ciudadanÃa.
Porque ellas desde su convicción religiosa, también son servidoras públicas y lo que hace un servidor público es buscar el bien común que, en este caso, no es el bien privado de la congregación. El bien común no puede ser arruinar el pueblo y este Ayuntamiento luchará hasta las últimas consecuencias por evitarlo.
