El diputado del PP, Fernando de Rosa. EPDAEl abogado de la Comisión Europea no se ha creÃdo al Gobierno de Pedro Sánchez en el alegato que presentó ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en la vista sobre la amnistÃa celebrada esta semana. En principio hay que tener en cuenta que la tesis del Gobierno fue defendida por la FiscalÃa, la AbogacÃa del Estado e incluso por el abogado del prófugo Puigdemont y tenÃa como base la afirmación del ministro Bolaños de que la amnistÃa se aprobó para la recuperación de la concordia social y el reencuentro entre Cataluña y España.
Esta vista ante el Tribunal de Luxemburgo se inició para revisar la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas español sobre malversación de dinero público de los amnistiados lideres del procés, asà como la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional sobre si procedÃa amnistiar a miembros de los CDR acusados por terrorismo. Es decir se va a estudiar únicamente las dudas planteadas por ambos organismos sobre si la amnistÃa se puede aplicar al terrorismo y a los delitos de malversación de dinero público, y según como resuelva el Tribunal Europeo tanto la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas podrán continuar o archivarán el procedimiento.
Pero lo que hay que tener claro es que, siendo esta vista importante, solo se circunscribe a estas dos cuestiones, porque el análisis de la ley de amnistÃa en su conjunto se verá en otro procedimiento en el caso de que el Tribunal Supremo plantee las cuestiones legales que estime oportunas ante el Tribunal Europeo. Aunque el pronunciamiento del abogado de la Comisión Europea ya nos da pistas suficientes de la opinión sobre esta discutida ley de "perdón y punto final" del Estado español a los condenados por delitos muy graves contra la Constitución y el orden público.
Pero volviendo al argumento de la Comisión Europea, este alegato deja claro que para la abogacÃa comunitaria la ley de amnistÃa incumple la directiva europea de 2017 que impide que una amnistÃa tenga un ámbito de aplicación intemporal, ya que la ley española amnistÃa los delitos pasados, presentes y futuros relacionados con el procés independentista. Además afirma que "No parece que la ley Orgánica de AmnistÃa responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo polÃtico para lograr la investidura del Gobierno de España. Es decir que afirma que si Sánchez no hubiera necesitado siete votos esta ley no se hubiera aprobado…más claro agua.
El informe sigue afirmando que la Comisión de Venecia (organismo del Consejo de Europa especializado en asuntos constitucionales) ha puesto de manifiesto que la normativa europea prohÃbe las autoamnistÃas ( anulando una ley en este sentido en RumanÃa) porque un gobernante no puede aprobar una ley buscando su impunidad y añade que "En opinión de la Comisión el mismo criterio deberÃa de aplicarse cuando quién está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio de su apoyo parlamentario", otra alusión directa a los siete votos necesarios para que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno.
Igual de demoledor fue la afirmación del abogado de la Comisión Europea cuando dijo que "Las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia que pidió un diálogo previo con todos para alcanzar realmente la reconciliación", es decir que Sánchez renunció a dialogar con el Partido Popular sobre el alcance de la medida porque no le interesaba la reconciliación sino su llegada a la Moncloa lo antes posible, y eso que no se ha podido hacer referencia a la corrupción que se está investigando y que probablemente era motivo suficiente para acelerar la ley y asà conseguir estar en el Gobierno de forma urgente.
El Gobierno español, por boca de la fiscalÃa y del Tribunal de Cuentas, centró su posición utilizando el argumento de que el desvió de dinero público, es decir el saqueo de nuestro dinero, no ha afectado a los intereses financieros de la Unión Europea por lo que no debÃa entrar en el fondo de la cuestión. Argumento de lo más indecente ya que no niega la malversación pero dice a los europeos que es un asunto interno español ya que es nuestro dinero el malversado.
Con respecto a la investigación por terrorismo alegada por la Audiencia Nacional, el Gobierno Español niega la existencia de actos terroristas y considera que el asalto al aeropuerto de Barcelona , el colapso de infraestructuras etc., eran simples desórdenes públicos susceptibles de ser amnistiados, por lo que las evidencias encontradas contra los CDR que son descritas por la Justicia como: "fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos y tentativa de estragos en instalaciones estratégicas", deben ser amnistiadas por no suponer peligro social alguno.
El Tribunal Europeo, en esta vista judicial, debe pronunciarse únicamente sobre estas dos cuestiones: si el dinero malversado afectaba al interés financiero de la Unión Europea y si la conducta de los CDR contravino la directiva europea de 2017 contra el terrorismo, las otras cuestiones se resolverán atendiendo la cuestión que puede plantear el Tribunal Supremo, pero desde luego el informe de la abogacÃa europea pone negro sobre blanco lo que muchos sabemos en España, que la ley de amnistÃa solo se aprobó por la necesidad de Sánchez de alcanzar la Moncloa, lo cual es un acto de máxima corrupción polÃtica.
