Julian Salazar Alcañiz -EPDALa semana pasada, el gobierno central, a través de su ministra de Juventud e Infancia, Siga Rego y el presidente del Gobierno Canario Fernando Clavijo, llegaron a un acuerdo para fijar los criterios que guiarán el reparto de 4400 menores (4000 de Canarias y 400 de Ceuta) a la península. Este principio de acuerdo, es el mismo que ya se acordó en 2022 y que se llevó a cabo. No aparece nada nuevo bajo el sol.
Esta realidad convive con nosotros desde finales de los años noventa, la realidad de esta situación, año tras año, no cambia. Las comunidades que apuestan por dar una atención integral y de calidad a las Personas Menores Migrantes sin referente adulto, no han cesado en su empeño. Un ejemplo de esto es y ha sido la Comunidad Valenciana, nuestra comunidad ha estado a la vanguardia de la intervención con estos jóvenes desde el principio, creando plazas, luchando por que la oficina de extranjería cumpliera con el decreto y las instrucciones en esta materia desde siempre. Los actores que han hecho posible este empeño han sido las ONGs, los técnicos de la administración de la Conselleria de Bienestar Social, la Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas, la actual Conselleria. Independientemente del nombre o de la opción política del momento, las administraciones valencianas han tenido una dedicación apropiada a la realidad del momento.
Nuestra comunidad dispone de 213 plazas destinadas a atender a jóvenes migrantes menores de edad, estas plazas se denominan "de proyecto migratorio", dotadas con una ratio de profesionales muy adecuada, donde encontramos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales, Mediadores interculturales, Integradores Sociales y Psicólogos, con una apuesta por la integración, inserción laboral y acompañamiento educativo. Además de decirlo aquí, los lectores lo pueden comprobar en la RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en los sectores de atención a personas con diversidad funcional, infancia y adolescencia, a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables y a personas mayores dependientes, para el periodo 2022-2026. En la cual describe todos los recursos destinados a la protección de personas menores, sus ratios y el coste que conlleva, dicho de otra forma, la cuantía que destina la administración a atender a estos colectivos.
Sin duda que el reparto de menores desde Canarias es mas que necesario, pues estos jóvenes necesitan una atención profesional y adecuada a su realidad y sin duda que los que lleguen a la Comunidad Valenciana la van a tener, pero creo que es más que justo también saber que hemos hecho, hacemos y tenemos los valencianos ante esta situación. Pues es todo público y está alcance de cualquiera, verificar y comprobar la labor de nuestra comunidad desde hace casi 30 años, insisto, independientemente del color político del momento.
