Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante. EFE-Archivo
El supuesto asesino, el alicantino Raúl M.T., será juzgado a partir de mañana por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante como supuesto autor de un delito de asesinato.
Los hechos tuvieron lugar a las 15 horas del 28 de marzo de 2018 en un edificio situado en la avenida Doctor Jiménez Díaz de Alicante cuando la víctima, de nombre África y de 58 años, se disponía a salir del ascensor para acceder a su vivienda junto a su madre, María del Pilar, de 92.
En ese momento, el procesado la cogió por el cuello, la derribó y le asestó hasta 68 puñaladas en la cara, cuello, pecho, tronco y brazos con la navaja que portaba, con una hoja de 10 centímetros de longitud.
Según el escrito de calificación de la fiscalía, el acusado actuó sin que la agredida pudiese defenderse y la dejó postrada sobre un charco de sangre, todavía con vida, mientras le decía a su madre, María del Pilar, que a ella no le iba a hacer nada "porque era muy mayor".
No obstante, sí le dijo que se iba a "acordar de él por no dejarle dormir" y, al mismo tiempo, alardeaba de su determinación sosteniendo que era "valiente" y que iba a esperar a la Policía.
Los agentes y una ambulancia se personaron en el lugar para atender a la víctima y trasladarla al hospital, donde falleció poco después como consecuencia de las heridas.
Una vez que llegaron los agentes, el padre del acusado, José Rafael M.M., bajó al portal del edificio e increpó a la madre de la víctima y la amenazó comentando: "teníamos que haberlo hecho antes, estamos hartos de vosotros, lo tenías que pagar y lo pagarás".
Según el relato de la acusación pública, los agentes tuvieron que intervenir para evitar que la agrediese.
La fiscalía pide para el acusado de asesinato una pena de 25 años de prisión y otro año y medio de cárcel por amenazas, y para su padre demanda igualmente una pena de año y medio de prisión por otro delito de amenazas.
Además, Raúl M.T. se expone al pago de una indemnización de 150.000 euros al viudo, 100.000 euros a cada uno de sus dos hijos y otros 75.000 a su madre.
Se da la circunstancia de que el acusado sufre un trastorno de personalidad diagnosticado por adicción al consumo de drogas, aunque en el momento de los hechos "no presentaba alteraciones mentales que afectasen a su inteligencia y su voluntad".
Los dos acusados tienen antecedentes penales por delitos de robo con violencia, lesiones y por conducción bajo los efectos del alcohol.
