Imagen de archivo de la Ciutat de la Justicia de València. EFE -Archivo
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha citado para este miércoles a 26 de los 28 procesados por las agresiones del 9 d'Octubre de 2017 "a los efectos de ratificación de un posible acuerdo de conformidad entre las acusaciones y las defensas", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
El juicio fue suspendido el pasado 25 de septiembre tras no fraguar las negociaciones para la referida conformidad, y se reprogramó para el próximo 4 de marzo, si bien ahora se adelanta esta cita ante la posibilidad de un acuerdo.
El principal punto de desacuerdo el pasado mes de septiembre fue la inclusión de una orden de alejamiento para los procesados de 300 metros respecto de las personas que fueron agredidas (este extremo no ha despertado objeciones) y respecto de cada una de las sedes de las entidades convocantes de la manifestación, que en opinión de algunas defensas suponÃa, en la práctica, el destierro de la capital valenciana.
La FiscalÃa pide inicialmente -antes de cualquier posible pacto- para los procesados unas condenas que van desde los tres hasta los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, y reclama multas y el pago de indemnizaciones de entre 100 y 3.200 euros.
A estos delitos, la Comissió 9 d'Octubre -entidad organizadora de la manifestación, que ejerce la acusación a través de Acció Cultural-, añade el de daños, el de odio y pertenencia a grupo criminal, y por la reincidencia en algunos casos, y pedÃa penas de entre 5 y 11 años de prisión.
Sin embargo, antes del inicio de la vista del pasado 25 de septiembre varios letrados de las defensas informaron de un posible pacto en virtud del cual veinticuatro de los veintiocho ultras serÃan condenados a 1 año y 4 meses de prisión, dos a 1 año y 7 meses y dos serÃan juzgados aparte por no haber admitido los hechos.
Entre los procesados que disentÃan del acuerdo general se encontraba un locutor de televisión y de radio que, según las acusaciones, en los dÃas previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacÃa un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos polÃticos, sindicatos y asociaciones.
Aquel acercamiento entre acusaciones y defensas contemplaba también que los procesados se hiciesen cargo de todas las costas procesales y se hacÃa referencia al hecho de que algunos habÃan desembolsado ya 1.700 euros, cantidad estipulada en el acuerdo para atender individualmente las indemnizaciones a las vÃctimas.
