Puig recurrirá lo que sea lesivo para los valencianos en el decreto del Tajo

El Gobierno valenciano va elaborar un informe jurídico sobre el decreto del plan de cuenca del Tajo y recurrirá lo que sea "lesivo" para la Comunitat Valenciana, y además dará ayudas a los regantes para que les cueste menos el agua desalada.

Así lo ha anunciado este miércoles el president del Consell, Ximo Puig, durante la primera sesión de control del año en Les Corts, donde también ha adelantado que va a pedir la constitución inmediata de seguimiento para "fiscalizar" las inversiones en la cuenca del Segura, en la que estarán los regantes junto a la Generalitat.

Desde la oposición, la síndica del PP, María José Catalá, le ha acusado de "ceder y callar" ante el "mayor ataque a los regantes en la etapa democrática", y la de Ciudadanos, Mamen Peris, ha pedido llevar a los tribunales el recorte del trasvase Tajo-Segura que implica ese decreto.

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara los nuevos planes de cuenca, Puig ha explicado que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que haga un informe sobre el del Tajo y ha dicho que todo lo que sea "lesivo" para los valencianos se recurrirá, pues en 40 ocasiones se ha recurrido a los tribunales el trasvase del Tajo-Segura, y se seguirá haciendo si es necesario.

No obstante, ha considerado que en ese acuerdo hay cuestiones positivas, como la comisión de seguimiento de las masas de agua y las inversiones que se van a hacer en las cuencas, y ha insistido en que la "hoja de ruta" del Consell es la del "agua para siempre" y que eso se consiga con "la menor crispación posible".

Puig he defendido la necesidad de buscar acuerdos con otros territorios y ha insistido en que no quiere "guerras del agua", porque no traen agua sino barro, y ha asegurado que "nadie tiene más interés de que el Tajo esté bien que los valencianos".

Ha destacado que el precio del agua desalada para los regantes tiene que ser "asequible" y por eso la Generalitat va a complementar las ayudas del Gobierno central destinadas a ese fin, de manera que anunciado una ayuda de diez céntimos por metro cúbico.

Así, si el Gobierno central va a fijar el precio del agua desalada en 0,34 euros por metro cúbico, con la ayuda de la Generalitat que se sumará a la del Estado quedará situada en 0,24 euros para los regantes valencianos.

Puig ha insistido en que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable", porque "tenemos derecho" y porque el Tajo "lo puede y lo debe permitir", para lo cual es necesario que la Comunidad de Madrid depure y lo haga bien.

La síndica del PP, María José Catalá, ha afirmado que el nuevo decreto sobre el Tajo supone "el mayor ataque a los regantes en la etapa democrática", pero Puig es conocido por "ceder y callar", y le ha preguntado si irá al Supremo en contra de ese acuerdo.

Catalá ha acusado a Puig de ser "extremadamente débil y sumiso" ante un recorte del trasvase Tajo-Segura que va a suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo y constituye una "ofensa" a los regantes alicantinos.

"El PP irá a los tribunales para defender a nuestros regantes, a los que Puig no defiende y ha traicionado", ha indicado la síndica popular, quien ha añadido que Puig "ha tolerado 22 recortes injustificados del Tajo-Segura y no hace nada", y "si hace algo ahora es por interés electoral".

La nueva síndica de Ciudadanos, Mamen Peris, ha instado en su primera sesión de control a Puig a acudir a los tribunales para defender el trasvase Tajo-Segura ante el recorte impuesto por el Gobierno de España, y ha considerado que hay que ser "más contundentes" en esta cuestión.

"A  veces el de los tribunales es el único lenguaje que se entiende", ha afirmado Peris, quien ha reclamado "agua para todos y agua para siempre" y ha aseverado que "la tibieza" solo ha conducido a "menos inversión y menos financiación".

Tras la sesión de control, la síndica de Vox, Ana Vega, ha calificado de "ataque directo" al trasvase este decreto y ha mostrado su apoyo al recurso que Vox Murcia ha anunciado que va a presentar al Supremo.