¿Reformar el sistema electoral o la Constitución?

Es curioso constatar que tras las elecciones se producen dos efectos inmediatos. El primero es que nadie ha perdido y todos han ganado. En éstas últimas, con la honrosa excepción de Ciudadanos, la comparecencia pública de los líderes políticos ha pasado por anunciar que han aumentado el número de votos, o el porcentaje, aunque hayan perdido escaños. Otros, que han ganado las elecciones, pese a su estrepitoso fracaso, por pérdida da de votos y de escaños; y, en fin, hay quienes celebran su triunfo pese a haber obtenido un exiguo número de escaños.

El segundo es que empiezan a aflorar propuestas de reforma del sistema electoral, al apercibirse de que el actual no ha producido las expectativas esperadas. Unos dicen que el sistema mayoritario daría paso a la formación de mayorías estables que propiciarían la necesaria y rápida gobernabilidad. Otros siguen apostando por el sistema proporcional, pero suprimiendo la regla d´Hont -que favorece a los grandes y perjudica a los pequeños partidos-, propugnando la circunscripción electoral única -en la que los pequeños de ámbito nacional tienen más posibilidades de "pescar" escaños-, o suprimiendo la asignación de dos escaños como mínimo a cada una de las circunscripciones provinciales que provoca una sobrerrepresentación de las menos pobladas sobre las que concentran mayor población. Y, por supuesto, no faltan voces que pugnan por listas abiertas y desbloqueadas que propician mayor libertad en la elección de los representantes.

No es fácil reformar el sistema electoral. El actual arranca de la Ley para la Reforma Política e enero de 1977 y del subsiguiente Real Decreto-Ley del mismo año. Luego la Constitución estableció, en el mismo sentido, las líneas maestras del sistema: un Congreso integrado por entre 300 y 400 diputados (es la Ley Electoral de 1985 la que concreta su número en 350); la provincia como circunscripción electoral, con una asignación mínima inicial a cada una de ellas (la Ley Electoral es la que la fija en dos escaños tal asignación inicial, repartiéndose el resto de escaños entre ellas en proporción a su población); la elección con arreglo a criterios de representación proporcional (que los concreta la Ley Electoral).

De todo lo cual se deduce que nuestro sistema electoral está fuertemente predeterminado por la Constitución y que su reforma requeriría la previa de ésta.

Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La representación política significa que los ciudadanos, mediante elecciones y por un tiempo limitado, otorgamos a determinadas personas, de forma directa o indirecta, el poder político. El sistema electoral español ha servido durante las quince elecciones generales que se han celebrado desde las primeras democráticas de junio de 1977 hasta las recientes de noviembre de 2019.

Bien es verdad que hasta las de 2015, el voto se concentraba en los dos grandes partidos, de centro-derecha y de centro-izquierda, propiciando la alternancia de ambos en el poder. Entre los dos partidos han concentrado hasta el 92,8% de los escaños (en los comicios de 2008) y como mínimo, un 80,5% (en los de 1989). A partir de 2015 con la irrupción de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos, y en 2019 con la de Vox, el panorama es bien distinto hasta el punto de dificultar la formación de gobierno. No pensábamos que algún día se aplicaría la previsión del último inciso del art. 99 de la Constitución: que transcurridos dos meses desde la primera votación de una investidura sin haber logrado elegir presidente, las cámaras quedarían disueltas y se convocarían nuevas elecciones. Ya ha ocurrido en dos ocasiones (2016 y 2019) y puede volver a ocurrir ahora.

La solución no es fácil si no pasa por la previa reforma constitucional, lo que se podría hacer por el procedimiento no agravado (3/5 del Congreso y del Senado). Una circunscripción electoral única favorecería a los pequeños partidos de ámbito nacional pero no evitaría -como algunos creen- la presencia de los nacionalistas vascos y catalanes. Los dos grandes, por otra parte, no la aceptarían. Tampoco alteraría el panorama la disminución del mínimo de dos a uno los representantes a elegir en cada circunscripción: provincias poco pobladas, como Soria o Teruel elegirían solo un diputado, con lo que la proporcionalidad brillaría por su ausencia. Y desde luego poco o nada alteraría el resultado el desbloqueo y la apertura de las listas electorales.

Quizás la solución más factible sería, tras una leve reforma de la Constitución, que la Ley Electoral estableciera en 400 el número de escaños a cubrir –¡¡¡más diputados, más gasto!!!- eligiéndose 350 como hasta ahora, y los restantes 50 en circunscripción electoral única con establecimiento de una barrera electoral -3% o 5%- a alcanzar para entrar en el reparto de esos escaños. Sin duda alguna favorecería a los grandes partidos de ámbito nacional pero también la formación de mayoría favorecedoras de gobierno.

Vicente Garrido Mayol es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València