El expresidente de la
Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y sus hombres de confianza en el organismo
provincial, Juan José Medina (exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la
Diputación) y Emilio Llopis, de Genovés, así como el exreponsable de Hacienda,
Máximo Caturla, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión,
quedaron finalmente en libertad con cargos, con la obligación 'apud acta' de
comparecer cada 15 días en el juzgado, pero deberán hacer frente a una fianza
de responsabilidad civil conjunta de seis millones de euros. Rus y Caturla
deberán dejar en depósito dos millones cada uno, mientras que Medina y Llopis
pagarán los otros dos a partes iguales. El juez de Instrucción número 18 de
Valencia decidió dejarlos libres al considerar que no hay riesgo de fuga ni de
destrucción de pruebas.
Los cuatro fueron detenidos el martes en el marco de la 'Operación Taula' que
investiga una trama de corrupción infiltrada en
varias administraciones públicas de la Comunidad
Valenciana sospechosa de amañar contratos y
cobrar comisiones ilegales a cambio de
adjudicaciones fraudulentas.
La operación llevada a cabo en
colaboración con la delegación en Valencia de la
Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen
Organizado y con la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado
con 24 detenciones practicadas en las provincias
de Valencia, Alicante y Castellón.
En la operación se llevaron a cabo 33 entradas y
registros en las tres provincias de la Comunidad, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Se han registrado domicilios particulares de los
investigados, sedes sociales de empresas (entre
ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones
(entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un
equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de
Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del
Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.
La investigación se inició a partir de una
denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial
de Valencia por una presunta gestión irregular de
la empresa pública Imelsa, dependiente de
Diputación, cuyo director gerente era Marcos
Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero
no se halla entre los arrestados.
La práctica de distintas diligencias permitió
descubrir que el ámbito de actuación de la trama
corrupta era mucho más extenso de lo que se
recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la
UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó
en la presentación de una querella que por turno
de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de
marzo.
El Juzgado incoó diligencias y declaró las
actuaciones secretas desde el principio. En la
causa se investigan varios delitos contra la
administración pública, entre ellos, los de
prevaricación administrativa, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho
y blanqueo de capitales.
En el marco de esta diligencias se desarrolló la
operación de ayer encaminada a la detención de
algunos de los investigados, al aseguramiento de
pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La
operación sigue abierta. La causa continúa
secreta.
En total se han practicado 33 registros: 14 en
domicilios particulares y 19 en sedes sociales.
Este es el detalle:
Valencia: 12 registros en la capital y 17 en
distintas localidades de la provincia
Alicante: 3 registros: Alicante (capital), Denia y
Muro de Alcoy.
Castellón: 1 registro en la capital.
