Uno de los policÃas de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la PolicÃa Nacional ha asegurado este jueves ante el juez que el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge RodrÃguez "tenÃa un conocimiento absoluto de la arbitrariedad de las contrataciones" de alto directivos en la empresa pública Divalterra.
Este agente ha comparecido como perito en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el expresidente de la Diputación Jorge RodrÃguez y otras trece personas que están acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección supuestamente irregulares.
Preguntado por el fiscal sobre los correos incautados a los procesado, este policÃa ha explicado que el entonces gerente de Divalterra VÃctor Sahuquillo (PSPV) transmitió a RodrÃguez sus "dudas sobre las contrataciones de altos directivos, basándose en los informes solicitados a especialistas externos".
"Sahuquillo deja bastante claro en sucesivos correos, un total de 13, que es una ilegalidad", ha agregado.
Posteriormente ha informado al tribunal de que la UDEF comprobó que "Divalterra tenÃa un volumen de negocio de 25 millones de euros, Egevasa 35 y los Bomberos 46" y que les "llamó la atención que Egevasa no tuviese ni un alto directivo, los bomberos uno y Divalterra 10. Eso nos llevó a sospechar de que habÃa algo raro".
Del mismo modo, a preguntas del fiscal, este policÃa ha señalado que no hallaron ningún expediente en el que se diese publicidad a la cobertura de los puestos de alta dirección, ningún documento en el que los procesados argumentasen la mejora de la eficacia para justificar los contratos y tampoco ningún documento en el que se justificase sus despidos una vez fueron denunciados los hechos.
Igualmente, ha señalado que tampoco existe constancia documental de que los procesados maniobrasen o presionasen a nadie para que elaborasen informes favorables a los contratos.
En referencia a la cogerente de Divalterra Agustina Brines (CompromÃs), este responsable de la UDEF ha concluido que igualmente "era sabedora de la irregularidad de las contrataciones" y ha explicado que llegó a esta conclusión tras leer "numerosos correos" en los que ésta "habla abiertamente de que estamos cometiendo una ilegalidad, que el tema está 'cogido con pinzas', o que 'tenemos que mirar por el retrovisor'".