Sandra Gómez (izquierda) y Joan Ribó (derecha) eran los máximos responsables del Ayuntamiento de Valencia durante las adjudicaciones ahora señaladas. -EPDALa constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo propietario es investigado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo, acumuló al menos 12 millones de euros en contratos públicos en municipios de la Comunidad Valenciana gobernados por PSOE y Compromís, según datos revelados por The Objective. Las adjudicaciones se sucedieron a lo largo de más de ocho años, en un patrón que refleja una consolidada red de vínculos con administraciones locales de signo progresista.
La capital valenciana fue uno de los epicentros de esta relación contractual. Bajo el mandato del exalcalde Joan Ribó (Compromís) y con competencias urbanísticas en manos del PSOE, la empresa valenciana Levantina fue beneficiaria de adjudicaciones que suman al menos 3,5 millones de euros. Entre los proyectos destacan obras urbanas emblemáticas, como centros cívicos en el barrio del Cabañal y José Zaragoza, o actuaciones en el entorno del Jardín del Doctor Lluch. La última adjudicación se produjo semanas antes del relevo de gobierno municipal en 2023.
En Alcora, el actual líder del PSOE provincial, Samuel Falomir, otorgó a LIC un contrato de 4,2 millones de euros para obras en un instituto. Esta adjudicación destaca como una de las más cuantiosas en la región y fue financiada por la Generalitat. Jávea también figura en la lista: en 2018, el entonces alcalde socialista José Chulvi confió a la constructora la rehabilitación de un puente, contrato que nunca llegó a ejecutarse.
Sagunt, bajo el liderazgo de Compromís en 2021, otorgó a la empresa un contrato por 1,9 millones para la finalización de un pabellón deportivo. En Paterna, otro bastión socialista del área metropolitana de Valencia, el alcalde Juan Antonio Sagredo adjudicó más de 600.000 euros para la ejecución de rutas escolares seguras.
Otros municipios como Vinaròs, Rafelbunyol, Dolores o Teulada completan el mapa valenciano de adjudicaciones a LIC. En varios casos, los contratos sufrieron modificaciones presupuestarias que beneficiaron a la empresa. En Rafelbunyol, gobernado por el entonces líder de las Juventudes Socialistas, la cuantía del contrato aumentó tras su concesión.
Según The Objective, LIC obtuvo un total de 34 millones de euros en contratos municipales en toda España desde 2017, de los cuales más de un tercio se concentra en la Comunitat Valenciana. La mayoría de estas adjudicaciones se produjeron mediante concursos abiertos o procedimientos simplificados, con escasa concurrencia y descuentos notables respecto al presupuesto inicial.
La empresa, propiedad de José Ruz -uno de los principales investigados en la trama Koldo-, logró introducirse en numerosos ayuntamientos valencianos gracias a una estrategia de penetración en gobiernos locales afines. Todo ello mientras el Tribunal Supremo avanza en una investigación que ya salpica a figuras como el exministro José Luis Ábalos y al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Pese a la magnitud de las adjudicaciones y las implicaciones políticas del caso, ni el PSOE ni Compromís han ofrecido explicaciones sobre los contratos firmados por los alcaldes de sus formaciones. Las pesquisas judiciales, hasta ahora centradas en contratos estatales, comienzan a mostrar indicios de una posible estructura territorial que pudo haber favorecido a LIC en distintos niveles de la administración.
