Unión Progreso y Democracia en la Comunitat
Valenciana plantea limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación o
confianza asimilándolos al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen
funciones semejantes. La formación magenta recoge en su programa electoral que
debería existir "una transparencia total en las percepciones dinerarias, por todos los
conceptos, de todos los remunerados con dinero público, de forma clara y accesible".
El coordinador territorial, Romain Muzzati, afirma que "los cargos de confianza son
necesarios para conformar un equipo competente que ayude y asesore al cargo
electo, pero a día de hoy, algunos partidos han usado esta figura como premio de
consolación para los compañeros de filas que no han salido elegidos en las listas por
falta de más votos". Para Muzzati, "muchos son afiliados a los que no se les exige
formación académica o profesional ni experiencia laboral pero que acaban cobrando
3.000 euros brutos al mes. Nuestro partido cree necesario que exista un control de la
valía de estas personas. Les vamos a pagar un sueldo entre todos y hay claros
ejemplos de su nula capacidad de trabajo y de su total desconocimiento de la
Administración Pública. Hay que limitar el nombramiento de asesores a un número
concreto por departamento, en relación con su tamaño y funciones".
UPyD defiende, además, limitar el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por
asistencia a comisiones, reuniones y otros actos a los que deben asistir en su
condición de miembros de consejos de administración de aquellos organismos
financiados con fondos públicos. Asimismo, es conveniente aplicar un criterio riguroso
y homogéneo para el uso de vehículos oficiales.
Muzzati destaca que, "ya antes de que lo planteara el borrador de la Ley de
Transparencia, nuestro partido abogaba por establecer límites a la capacidad de fijar
libremente el sueldo de alcaldes y concejales. Los sueldos se deben regir por unos
baremos que establecerán un máximo y un mínimo en función del tamaño de la
población. A día de hoy, hay concejales valencianos con una dedicación a tiempo
parcial que cobran 20.000 o 30.000 euros brutos al año y muchos de ellos no tienen
experiencia en la empresa privada, ni son funcionarios de carrera. Han hecho de la
política su medio de vida y si dejaran de cobrar del Ayuntamiento su solvencia
económica sería nula".
