Chelo PovedaQue cualquier persona rigiera su presente atendiendo a las necesidades que tenía al final de los años ochenta nos parecería un soberano error a cualquiera. Pues lo mismo ocurre con el Plan General de Ordenación Urbana en la ciudad de Valencia (PGOU de aquí en adelante). El actual PGOU se redactó a finales de los años 80 con unas proyecciones de crecimiento poblacional que apuntaban a una ciudad que incrementaría sus habitantes hasta cerca de un millón trescientos mil y que se enmarcaba dentro de una política urbanística que situaba al ladrillo como uno de los sectores fundamentales en el desarrollo y crecimiento económico.
La realidad se ha encargado de señalarnos que las proyecciones han quedado lejos de cumplirse pero sin embargo el plan sigue vigente y es el que marca la agenda urbanística de la ciudad. Entre tanto, en la última década hemos sufrido una crisis inmobiliaria que fue el epicentro nacional de una crisis económica global. Después, roto el mantra de la continua revalorización de la vivienda y del ladrillo, la UE y los tiempos nos invitan a detener el desarrollismo urbanístico y a mantener libre de sellamiento todo el espacio de suelo disponible en las ciudades para hacerlas más habitables. Y ahora, una crisis sanitaria nos ha golpeado y nos ha hecho ver otras cosas: necesitamos casas con luz, con espacios abiertos, con servicios próximos, a precios asequibles...
Si aplicamos una visión de conjunto (que es lo que debemos hacer quienes estamos metidas en esto de la política en pro del bien común), llegamos a varias conclusiones. En primer lugar, las empresas privadas (promotoras, constructoras, etc) no pueden ser quienes diseñen los barrios y las formas de habitarlos. En La Zaidía van a levantar un hotel de una estrella dentro de un bloque de vecinos y la legalidad urbanística nada hace contra ello. ¿El barrio necesita un hotel de turismo barato? ¿La gente de ese barrio tiene alguna otra necesidad que pudiera ser cubierta en ese mismo espacio? ¿Por qué una empresa puede articular el barrio y el vecindario no? En segundo lugar, necesitamos otros modelos de vivienda y de acceso a la vivienda (mejorar la política de alquiler libre y social) y necesariamente deben guiarse por criterios medioambientalmente sostenibles. Rehabilitar antes que construir (cerca de 40.000 viviendas vacías en Valencia) y dar uso a las viviendas vacías ya construidas. Construir debe ser siempre la última opción porque hay otras mejores y más sostenibles y eficientes económicamente. Gestionar implica seriedad con los recursos, si hay otras posibilidades más baratas que construir una buena gestión debe encaminarse a ellas y no hacía levantar más edificios. Y, en tercer lugar, en caso de que haya que construir, hay que exigir que dichas construcciones impacten de forma mínima en el medio y que causen mínimas emisiones a la par que mantienen un precio razonable y asumible tanto en alquiler como en venta, asegurando siempre un mínimo de un treinta por cien para uso social.
Los nuevos tiempos exigen nuevas normas, y en lo urbanístico Valencia necesita su nueva norma, su nuevo PGOU. El país también necesita otro eje económico distinto al ladrillo, que apueste por la calidad y la innovación de los productos y los servicios. Desde la concejalía urbanismo Sandra Gómez poco ha hecho y poco hará porque el PSPV no tienen en su ADN innovar ni ser valientes... Y además un nuevo PGOU requiere mucho trabajo. Nosotras sí tenemos valentía para afrontar las nuevas necesidades aunque eso nos haga tener pocos amigos en las constructoras y promotoras como Metrovacesa. Nuestro compromiso es con la política que hace mejor la sociedad y en favor de la gente y por eso hay que hacer un nuevo PGOU, un plan de futuro y con futuro y defender la vivienda como un derecho.
