Isabel Barrajón. -EPDALas medidas extraordinarias aprobadas tras la DANA ocurrida en Valencia han supuesto una oportunidad histórica para miles de personas migrantes. Para muchas de ellas, que sostienen con su trabajo sectores esenciales en el PaÃs Valenciano, este proceso de regularización ha traÃdo esperanza, dignidad y un mÃnimo reconocimiento institucional. Sin embargo, esta oportunidad llega también con algunas limitaciones.
La realidad es que algunos colectivos migrantes han enfrentado serias dificultades para acceder al procedimiento. La pérdida de documentación o el desplazamiento forzoso, derivados del impacto de la catástrofe, han complicado su proceso de regularización.
A esta vulnerabilidad sobrevenida se suma una preexistente: muchas de estas personas ya enfrentaban precariedad residencial, empleo informal, barreras para empadronarse o solicitar ayudas y una exposición constante a la explotación y el abuso.
Desde CCOO valoramos la existencia de estas medidas, asà como las reformas normativas recientes, -algunas de las cuales han sido propuestas por el mismo sindicato- pero venimos advirtiendo que ningún avance legal será realmente eficaz si sigue chocando con un sistema institucional colapsado, obsoleto e infradotado.
La falta de medios humanos y técnicos en las oficinas de ExtranjerÃa no es un simple problema operativo, es una forma de discriminación institucional que pone en riesgo el acceso efectivo a los derechos.
En pleno siglo XXI, en un paÃs que se dice garantista de los derechos fundamentales, resulta inaceptable que para solicitar una cita previa o presentar una documentación sea necesario esperar meses, pagar a intermediarios o recurrir a redes informales.
Este sistema está excluyendo directamente a quienes más apoyo necesitan. Conseguir una cita es casi una loterÃa; las plataformas digitales no funcionan adecuadamente y la digitalización sin garantÃas genera una nueva forma de exclusión tecnológica.
Además, cuando el sistema público falla, florecen los abusos. Hay quien llega a pagar 100 o 200 euros por una simple cita, alimentando un mercado opaco que se lucra del sufrimiento ajeno. Mientras tanto, el personal en ExtranjerÃa también sufre las consecuencias de un sistema infradotado: oficinas desbordadas, personal sin recursos suficientes, y una presión constante que impide ofrecer un servicio digno y eficaz.
Frente a esta situación, Comisiones Obreras exige una reforma estructural urgente. Es imprescindible reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales del personal, dotar de herramientas tecnológicas adecuadas, establecer protocolos claros de gestión y reducir los tiempos de espera. En definitiva, transformar el modelo para que sea accesible, justo y eficiente.
No se trata de simples trámites administrativos. Se trata de reconocer que todas estas personas son parte activa de nuestra sociedad, nuestros barrios y nuestras ciudades. Y esto exige dimensionar adecuadamente los servicios públicos y las administraciones, exige medios, voluntad polÃtica y compromiso con la justicia social.
Las personas migrantes no pueden seguir siendo tratadas como ciudadanÃa de segunda. Es una cuestión de dignidad, democracia y libertades fundamentales. No se pueden construir derechos desde un sistema quebrado.
No aceptamos que se avance por la puerta principal y se excluya por la trasera. Porque sabemos bien que negar derechos a una sola persona es poner en peligro los derechos de todas. Desde CCOO PV seguiremos acompañando a quienes más lo necesitan, denunciando las injusticias y exigiendo polÃticas públicas valientes.
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Secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de CCOO PV,
