Antonio García en su parcela en Utiel afectada por la dana, en una imagen facilitada por La Unió.
La Unió Llauradora ha denunciado que alrededor del 6 % de las parcelas afectadas por la dana se halla en una situación administrativa sin resolver tras su incorporación al Dominio Público Hidráulico (DPH), cuyos propietarios desconocen cuándo recibirán las ayudas ni el importe que les corresponderá, diez meses después de la catástrofe.
La organización ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que clarifique la situación jurídica de estas tierras, actualice en el visor SIGPAC las nuevas delimitaciones del DPH y garantice información previa individualizada, según ha informado este miércoles en un comunicado.
Asimismo, reclama una compensación “justa y proporcional” que incluya “el valor patrimonial del suelo, la pérdida de capacidad productiva y el perjuicio económico generado” y que se conserven los derechos de ayuda directa de la PAC y de riego para su uso en otras parcelas.
Laura Pérez, afectada de Requena y afiliada de La Unió, ha señalado: “A finales de julio todavía me estaban peritando mis cuatro hectáreas de viña que desaparecieron con la riada" y "sigo sin tener mis tierras que ya no existen y sin saber a qué atenerme”.
El vicesecretario general de La Unió, Luis Javier Navarro, ha afirmado que “parcelas como las de Laura eran de uva para cava, tenían buen rendimiento gracias al riego y se pagaban muy bien. Podría haber perdido más de 50.000 euros de ingresos de este año sin cosecha respecto al pasado que aún pudo vendimiar”.
Otro afiliado de La Unió en este caso de Utiel, Antonio García, ha indicado que se acerca la vendimia y no va a poder entrar a cosechar la uva porque, "pese al compromiso del Gobierno y Tragsa", no le han reparado las parcelas tras la dana.
Navarro ha concluido que “la nueva situación del Dominio Público Hidráulico debe ser tratada con equidad, proporcionalidad y colaboración institucional, y no menoscabar los derechos legítimos de quienes, durante décadas, han desarrollado una actividad agraria lícita y necesaria para el equilibrio rural y ambiental del territorio”.
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