El presidente del Partido
Popular de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha señalado que “diga lo
que diga el Consell, el Decreto de Plurilingüismo no está en vigor” después de
que el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (TSJCV) decretara la suspensión cautelar la pasada
semana por lo que “solo queda un camino”, y es el de cumplir las decisiones
judiciales porque “los valencianos no nos podemos permitir un Consell insumiso”.
Así
se ha pronunciado durante su participación en el acto celebrado en Utiel con
motivo de la caravana educativa del PPVAL para explicar el contenido del Decreto de Plurilinguismo del Consell 9/2017
y la suspensión cautelar por parte del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con el fin de
evitar que los alumnos vean disminuidos sus derechos en idiomas.
Betoret ha explicado que el Consell “solo puede hacer una cosa, acatar
las resoluciones judiciales” que obliga a la Generalitat a volver a la norma
anterior, el decreto de 2012 aprobado por el PP y que “no registró ni un problema
jurídico, frente a los 9 recursos que ya acumula el de Marzá”.
Así, ha señalado que el Consell “debe contar la verdad a los valencianos”
y “dejar de utilizar la educación de nuestros hijos como laboratorio ideológico”.
Por eso, reclama al Consell, por el bien de los menores que se tienen que matricular
en el próximo curso”, a “hacer un ejercicio de sensatez” y “de sentido común” y
“vuelva al decreto de 2012”.
Por su
parte, la diputada y vicesecretaria de Política Social del PPCV, María José
Catalá, ha señalado que cuando un juez decide que un decreto está suspendido
significa que “no se puede aplicar” porque “no está en vigor” y “las leyes
están por encima de todos”. Al respecto, ha advertido que ahora se abre un
periodo de recursos que “podría durar mucho tiempo” y, mientras tanto, ha de aplicarse
el decreto anterior de 2012 que “no tuvo ningún problema judicial” y que “merecía
una oportunidad”.
Por ello,
ha reclamado al Consell que “asuman” que no van a poder aplicar este decreto en
este curso lectivo y “deje que los menores se matriculen con normalidad en este
periodo” para que se desarrolle un proceso de admisión “en condiciones y atendiendo
a la norma en vigor”.
Catalá
ha explicado que el decreto “nace viciado” porque para aplicar las horas de
idiomas que plantea “el sistema educativo necesita más docentes que puedan impartir
clases en inglés y hasta que no se consiga, plantear una propuesta así es
inviable”. Esto demuestra que “Marzá solo tiene un objetivo, la imposición del
valenciano, pero nada dice de la formación de docentes” y con el “cebo” de
aprender inglés “obliga a las familias a elegir sin libertad y en desigualdad
de condiciones”.
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