José Aledón
Señal de tráfico ilustrativaDicen que dijo Aristóteles aquello de “el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios”. Es posible, y sorprendentemente hoy, en época tan alérgica a la cultura clásica como esta, le han salido al filósofo discípulos a porrillo, practicando con un celo digno de mejor causa eso de mantener la boca cerrada.
Víctima inocente – como casi todas las víctimas – de un consistorio que practica, quizá con demasiada frecuencia, ese clásico y taimado silencio es el colectivo vecinal “Canyamelar en marxa”, tratándose en su caso - no sabemos si ya previsto por el Estagirita – del siempre cruel “silencio administrativo”.
El principal objetivo de “Canyamelar en marxa” es lograr del Ayuntamiento de Valencia la reversión administrativa del nombre Cabanyal-Canyamelar, aprobado en el Pleno Municipal del 22 de febrero de 1980 -siendo Ricard Pérez Casado (PSPV-PSOE) alcalde de la ciudad - en el que se unificaron administrativamente los barrios Cabanyal y Canyamelar, alterando así la identidad exclusiva de siglos de cada uno de esos dos barrios.
El actual nomenclátor desde el citado pleno municipal lo que ha generado es un agravio nominal para el Canyamelar pues, generalmente, se omite ese topónimo cuando se tratan en los medios de comunicación asuntos que afectan por igual a esos dos barrios del Distrito Marítimo, como ocurre con el reciente Plan Especial Cabanyal-Canyamelar, despachándose en la mayoría de los medios sencillamente como Plan Cabanyal.
Incluso muchos equipamientos municipales como, por ejemplo, la Biblioteca Municipal Casa de la Reina es ubicada en el Cabanyal en la página de información del ayuntamiento, cuando lo cierto es que está en pleno Canyamelar, omitiéndose además - ¿para qué lo pusieron entonces? - el nombre oficial del barrio: Cabanyal-Canyamelar.
El 31 de mayo de 2017 “Canyamelar en marxa” formuló una solicitud por Registro de Entrada al Ayuntamiento de Valencia en la que se pedía la reversión administrativa del actual nomenclátor.
Ante la falta de respuesta oficial por parte del consistorio y, después de casi año y medio de espera, se elevó una queja al Síndic de Greuges el 25 de septiembre de 2018. El Ayuntamiento de Valencia respondió al Síndic el 7 de noviembre, trasladándole que dicha petición se encontraba en esos momentos “en estudio por parte del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana”. Hay de decir que todavía se sigue “estudiando”…
Ante tal situación no estará de más recordar que la Ley de Procedimiento Administrativo Común obliga a la Administración afectada a dictar una resolución expresa y directa y que la falta de tal respuesta supone vulnerar un derecho básico de los ciudadanos.
Creemos que esta vulneración de derechos debe ser conocida por la ciudadanía, justo ahora cuando va a ser cortejada por partidos y coaliciones del más variado pelaje para tratar de que las papeletas que pronto se depositarán en las urnas sean las que contengan sus siglas.
No dar respuesta a un asunto que, a priori, se presenta como de sencilla y económica (¿coste cero?) solución supone que quienes ahora gestionan los recursos materiales e inmateriales (como es la identidad de unos barrios) de la ciudad de Valencia y sus pedanías difícilmente serán capaces de solucionar – que no equivale a gestionar - asuntos más costosos y complejos.
El actual equipo de gobierno municipal aún está a tiempo de conservar con alguna dignidad la confianza que muchos vecinos del Canyamelar y del Cabanyal les otorgamos en su día, respondiendo - en positivo o negativo - una petición que hace ya mucho tiempo debía haber sido atendida.
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