Sergio López Alcover. /EPDA Si empiezo esta columna hablando de la Ley de la Vivienda entenderé que pase rápidamente de página.
Si sigue leyendo intentará identificar el pie del que cojeo. ¿Este será de los de los derechos o de los de las obligaciones?
Si cree identificarme con los de los derechos, no seguirá leyendo porque sabe que me quejaré de los difícil que es el acceso a una vivienda, sea en régimen de alquiler o de compra. Que me posicionaré a favor de la regulación del mercado. Que odiaré a los fondos buitre, aunque no sepa lo que son. Que creeré que cualquiera que tenga una vivienda en propiedad es un especulador y un mal casero que solo quiere el dinero del inquilino para sus lujos a costa de las pobres familias que difícilmente llegan a pagar el alquiler. Que la vivienda digna es un derecho constitucional.
Si, por el contrario, me identifica con los de las obligaciones, también intuirá mi mensaje. Falta oferta porque no hay seguridad jurídica. Al haber una gran presión de la demanda los precios suben y subirán. La única solución es aumentar la oferta para que la demanda tenga más opciones para elegir. No es la solución la intervención del mercado porque no ha funcionado ni en Barcelona ni en Madrid. Se está castigando el ahorro de pequeños tenedores al topar el precio del alquiler y vulnerando la propiedad privada, también reflejada en la constitución.
Y podríamos seguir con todos los clichés que tan bien sirven a los partidos políticos para generar un debate interesado.
Aquel que le otorgará más votos. Aquel que le permitirá gobernar y, por supuesto, esperar a las próximas elecciones para proponer las soluciones a la emergencia habitacional…¿actual?
No sé si ya me ha posicionado en algún bando. En antropología se conoce la otredad como una seña de la identidad. Es lo contrario, lo que uno no es. En política lo tienen claro: o eres de derechos o eres de obligaciones. Hay que dividir.
Y así mientras se discute no hace falta solucionar los problemas. Solo hace falta prometer que se van a solucionar.
Venga, y ahora me voy a posicionar.
La obligación de la emergencia habitacional no es obligación del sector privado. Es un derecho que tenemos cuya obligación recae en el sector público.
El sector inmobiliario no es el malo. Es la excusa que ha encontrado el que no ha realizado sus obligaciones. El que no ha garantizado sus derechos.
Porque recuerde, el derecho a una vivienda digna no se materializa con cuatro paredes y un techo. Se materializa con una sociedad justa que le permita acceder por sus medios a una vivienda.
Ya me habrá identificado: ¡un hereje equidistante!
Está en su derecho, pero es mi obligación decirle que está equivocado.
Mi posición es clara: Ni Sumar ni restar, a todos nos toca ya remar.
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